Manifiesto de inteligencia republicana de 1930

En 1930 todos los españoles, al margen de su adscripción política, eran conscientes de que asistían al colapso de las instituciones de la Restauración, después de más de medio siglo de lento declive de un régimen que había sido incapaz de dar solución ni a los problemas nacionales del siglo XIX ni a los restos que planteaba el siglo XX. La Dictadura del general Miguel Primo de Rivera lejos de encauzar renovar la monarquía de Alfonso XIII había enajenado al rey casi todos los escasos apoyos con los que contaba en 1923. Todos los sectores ideológicos y todos los grupos sociales, y entre ellos los anarquistas, se proyectaban en un futuro esperanzador mientras los leales al rey aún soñaban con mantenerse al timón del país. En marzo de 1930 se redactó y firmó en Cataluña un Manifiesto de inteligencia republicana que rubricaron políticos y personalidades republicanas y nacionalistas de izquierdas que contó también con el apoyo explícito de algunos sindicalistas, sobre todo de la CNT (Martí Barrera, A. Borrás, Conrad Guardiola, J. Murtra, Juan Peiró y D. Trilles). Tras su publicación en L’Opinió del 2 de mayo de 1930 fue muy criticado entre la base centista y auguraba el conflicto que desembocó en el Manifiesto de los Treinta.

MANIFIESTO DE INTELIGENCIA REPUBLICANA
La actual descomposición del régimen, crudamente confesada por la figura de más alto prestigio entre las fuerzas conservadoras, plantea hoy a los hombres de izquierda, políticos y apolíticos, de Cataluña y de toda España, una cuestión de la máxima gravedad.
Nadie sabe todavía cómo se cerrará el período constituyente abierto con el golpe de Estado del 13 de septiembre. Pero la angustiosa incógnita que planea sobre el pueblo, ha trascendido ya a la conciencia internacional, y todos ven la absoluta impotencia de las medidas gubernamentales ante la catastrófica traducción del hecho en la progresiva depreciación de nuestra unidad monetaria.
He aquí el legado de la Dictadura: el desorden moral y el desguace económico, indisolublemente aparejados.
En el actual estado de cosas, todo los medios que se intenten poner en juego para prolongar la precaria supervivencia de aquello que todos saben condenado a desaparecer –como exponente de un grado de evolución política superado ya en el conjunto de los pueblos cultos- solo servirá para agravar la crisis, más aguda a cada hora que pasa, y para acrecentar los peligros del desenlace.
Solo hay un camino para incorporarnos a la normalidad: el restablecimiento del orden jurídico, con la consagración definitiva de la soberanía popular, y la exigencia de responsabilidades a sus conculcadores.
Los que no lo ven así, o no quieren verlo, basan su sofisticada argumentación asignando al pueblo una trágica incapacidad histórica y augurando todo tipo de convulsiones sangrientas y espantosas calamidades, como si pudiese haber ninguna peor que el envilecimiento colectivo y la lenta agonía de los resortes vitales del país.
Y bien, si no fuese suficiente el mismo hecho de la caída de la Dictadura, anunciada ayer como el presagio de un cataclismo y vivida después como el simple colapso de una ficción ridícula, nosotros, con la significación que nos es conocida, nos dirigimos a la opinión de todos los hombres de ideas honradas para desvanecer de una vez este agitado espantajo, esta pueril amenaza de próximos peligros imaginarios con que se pretende en vano encubrir el mayor peligro de la inestabilidad presente.
Ante la urgencia de definir las posiciones, por encima de los partidos y de las organizaciones –convencidos, sin embargo, de no ser desmentidos ni por los hechos ni por los hombres-, anteponemos hoy nuestra condición de ciudadanos a toda otra adjetivación específica y con plena conciencia del valor de nuestro compromiso, declaramos que estamos dispuestos a trabajar previamente para asegurar un orden político que, instaurado sobre la condición suprema de la justicia, impida definitivamente cualquier subversión de los poderes y lleve al país por las vías jurídicas indispensables para el progreso de los pueblos.
Este nuevo orden político, la República Federal, puede definirse sintéticamente con los siguientes puntos básicos:
I.- Separación de poderes.
II.- Reconocimiento a todos los ciudadanos de la igualdad de sus derechos individuales y sociales.
III.- Reconocimiento a los territorios federados, por su expresa voluntad colectiva, la plena libertad en el uso de su idioma y el desarrollo de su propia cultura.
IV.- Libertad de pensamiento y conciencia. Separación del Estado y de la Iglesia.
V.- Reforma agraria con parcelación de latifundios.
VI.- Reformas sociales al nivel de los Estados capitalistas más avanzados.
Que nadie vea en la solemne declaración de nuestra coincidencia en estos puntos básicos ningún debilitamiento de nuestros ideales particulares. Es la dura experiencia de estos últimos años la que nos dicta hoy nuestro deber, como un imperativo avasallador, dolorosamente convencidos de la inanidad de plantear todo programa máximo sin la previa incorporación de España a la corriente de los pueblos libres, pues solo la nueva legalidad puede hacer compatible el desarrollo civilizado de las luchas políticas con el constante crecimiento de la cultura y la riqueza públicas.
Conscientes de nuestro deber histórico, hacemos, pues, un fervoroso llamamiento a los hombres de buena voluntad de Cataluña y de toda España para que confluyan en sus esfuerzos por la instauración de la República Democrática.
Esta es ahora nuestra palabra, solo condicionada por la urgencia de las circunstancias. Si nuestra voz no encuentra el eco cordial que aspiramos a concitar, nos sentiremos desligados de nuestro compromiso. Pero la responsabilidad de los acontecimientos futuros caería sobre otros.
Barcelona, marzo de 1930.
J. Aleu, J. Aiguader i Miró, Gabriel Alomar, J. Alsamora, Amadeu Aragay, Martí Barrera, Domènec de Bellmunt, Amadeu Bernadó, E. B. de Quirós, A. Borrás, Vicens Botella, R. Caballería, R. Campalans, Joan Casanelles, Joan Casanoves, F. Cases i Sala, C. Comeron, P. Comes i Calvet, Lluís Companys, Pere Foix, J. Fronjosà, Eladi Gardó, L. Gelabert, E. Granier-Barrera, Conrad Guardiola, Ot Hurtado, Edmond Iglésies, J. Jover, E. Layret, J. Lluhí i Vallescà, Marfull, L. Martínez, Josep María Massip, J. Mateu, J. Mies, A. Moles i Caubet, A. Montaner, F. de Muntanyà, J. Murtra, J. Mussoles, L. Nicolau D’Olwer, Joan Ors, J. Peiró, J. L. Pujol i Font, A. Roca, Cosme Rofes, A. Rovira i Virgili, Ángel Samblancat, M. Serra i Moret, Carles Soldevila, D. Trilles, T. Tusó, J. Valentí i Camp, Abel Velilla, J. Ventalló, J. Viadiu, S. Vidal, J. Viladomat, A. Vilalta Vidal, Joan B. Vives y Josep Xirau.

La Casa de Maternidad de Guadalajara

La falta de métodos anticonceptivos eficaces, la miseria de tantas familias, el sistema patriarcal que pretendía sojuzgar a la mujer a la voluntad del hombre y la presión social de la Iglesia Católica, que alimentaba el chismorreo maledicente, provocaron que, hasta bien entrado el siglo XX, muchas mujeres no encontrasen otra salida que deshacerse de sus hijos, fruto de embarazos no deseados. El drama de los expósitos, de los huérfanos abandonados secretamente por sus madres y familias, era una lacra social que, a veces solo para evitar la deshonra de las mujeres, condenaba a la marginalidad a niños y niñas inocentes. Las soluciones basadas en la caridad cristiana recluían en guetos a los expósitos o incluseros; hasta que el nuevo Estado liberal, aún con todas sus deficiencias, intentó dar una solución humanitaria a estos mal llamados “hijos del arroyo”. Guadalajara fue una de las primeras provincias españolas en amparar a los huérfanos a través de una pionera Junta de Damas y su Casa de Maternidad, y quizás por eso en 1895 se solicitó desde el gobierno español un informe, creemos que hasta ahora inédito, que reproducimos.

Huérfanas de Oficiales del Ejército en el patio del Palacio del Infantado

Casa provincial de Maternidad y Expósitos, huérfanos y desamparados en Guadalajara

Datos para el Congreso internacional de Florencia, en pro de la infancia, el año 1895.

En cumplimiento de lo prevenido a esta Oficina benéfica en 12 del actual, por la Comisión provincial de la Excma. Diputación, a consecuencia de la R.O. de Gobernación fecha 30 Enero p[róximo] p[asado], interesando datos el Gobierno de Italia para el Congreso que se celebrará en Florencia el presente año 1895 en beneficio de la infancia, expondré, siquiera breve y sucintamente, la creación y desenvolvimiento de la Casa de Maternidad y expósitos de esta provincia, establecida en la Capital.

No obstante el espíritu y letra expansivos y altamente humanitarios de la Real pragmática sancionada por Carlos IV en 23 de Febrero de 1794, para que, entre otras cosas, se considerase a los expósitos de ambos sexos libres de toda mancha o excepción odiosa, igualándolos a los demás ciudadanos, vasallos entonces del Reino, y de lo dispuesto en la ley de Enero 1822, tan previsora, que en su artículo 52 consideraba ya como obra digna de reconocimiento de la Nación, el recoger para conducirle a la Casa de Maternidad cualquier niño expósito o abandonado, repito que, no obstante esas y otras disposiciones legales, yo no he hallado ni conozco dato alguno de haberse establecido Casa provincial de expósitos en Guadalajara hasta 1838; bien es verdad que, en épocas anteriores, estaban confiados tales deberes humanitarios, en primer término, a las Corporaciones municipales; pero la provincia de Guadalajara mandaba ya sus expósitos a Madrid, con 4 ducados (11 pesetas) por cada uno, como otras limítrofes, hasta que a instancia de la Junta de Damas de honor y mérito de la Corte, se dispuso por R.O. de 26 Marzo de 1838, que cesase la costumbre de conducir a Madrid los niños expósitos, y que cada provincia sostuviese sus respectivas Casas benéficas.

De aquí arranca, pues, el comienzo o primera fundación, aunque provisional entonces, de la Casa de Maternidad y expósitos de Guadalajara, quedando instalada en 10 de abril del referido año 1838, con solo seis camas, en el patio del extinguido Convento de la Concepción, sito en la Plaza de Moreno, previo pago del alquiler correspondiente.

Después fue trasladado el Establecimiento a otro local más capaz, y por fin en el año 1852, se adquirió el edificio sito en la Calle de Salazaras, donde está instalado desde aquella fecha tan benéfico Asilo, que es hoy ventilado, de regulares condiciones higiénicas y espacioso para doscientos acogidos de diversas edades y sexos.

En la Ciudad de Sigüenza y Villa de Atienza existían y aún siguen tornos para exponer niños; el de la última población, Atienza, continúa como Sucursal o Hijuela de la provincial; exponen al año 6 u 8 niños, que los da a lactar el administrador que allí existe, con una corta gratificación, interviniendo sus operaciones uno de los Párrocos del pueblo.

En Sigüenza existe Torno y Establecimiento benéfico para expósitos, mas no por cuenta de la provincia, en el que según el decir del Cabildo Catedral, con referencia a la fundación, deben recibirse en aquella Casa los expósitos de todo el Obispado y por eso lo administra la Mitra y cobra sus rentas. En el año 1839 ingresaban de cuarenta a cuarenta y cinco niños, término medio anual.

Parece, pues, que no deberían mandar a la Inclusa provincial de la Capital, niños del Obispado de Sigüenza, sobre todo del Partido a que da nombre y Molina; pero aunque no en mucho número, vienen, sin duda amparados en la ley de beneficencia de 20 Junio 1849 y Reglamento para su ejecución de 14 Mayo del 52, que obliga a las provincias al sostenimiento de Casas de Maternidad y de expósitos.

En dicha Casa-Inclusa provincial de Guadalajara, donde también son admitidos niños huérfanos y desamparados de tierna edad, ingresan por término medio anual , de 80 a 90, hallando en las Hijas de la Caridad el cuidado y consuelo de tan caritativa institución. Para la lactancia provisional de aquellas tiernas criaturas, existen dos amas internas, cada cual con su niño, y tan luego como ingresa otra criatura, se avisa a una nodriza externa, ya casada o viuda, residente en la provincia de las que tienen solicitado criar y, previa exhibición de informes de buena conducta moral, y reconocimiento facultativo, se les hace entrega del expósito, retribuyéndolas en su día con 12 y media pesetas mensuales, hasta que la criatura cumpla la edad reglamentaria de 15 meses, y desde esta edad hasta la de 8 años, 7 y media pesetas al mes. Se oficia, desde luego, a los alcaldes para que ellos y sus Juntas municipales de los pueblos respectivos estén a la mira del trato y educación que la nodriza dé al acogido. Al cumplir los 8 años de edad, devuelven algunos niños y niñas a la Inclusa, donde reciben instrucción primaria hasta los 12 ó 13 años, pasando luego, los varones a Talleres mecánicos de varios oficios, y las muchachas se ocupan en labores de su sexo, hasta que a los 18 años los primeros y 20 ellas, son emancipados por regla general y salen del Establecimiento, excepto los enfermos o inútiles para ganar libremente los medios de subsistencia.

La Diputación, siempre solícita en pro del menesteroso, auxilia también con 7’50 pesetas al mes, a ciertas familias pobres y honradas, para ayuda de lactancia de sus hijos.

Por último, se acompañan dos Reglamentos para el régimen interior de la Casa de Maternidad y expósitos, por más que bastantes de sus artículos y disposiciones necesitan, según está reconocido, importantes modificaciones.

Es cuanto cree deber manifestar el que suscribe.

Guadalajara 16 de febrero de 1895.

El Secretario Contador, Julián Ramírez.