Alternativa municipal del Partido Carlista 1976

El Partido Carlista no sólo se renovó ideológicamente, sino que también acometió un proceso de reorganización y de modernización de sus estructuras partidarias, que le llevó a formar diversos Frentes de acción política (Obrero, de la Mujer...) en línea con otras organizaciones revolucionarias de más allá de nuestras fronteras. Uno de estos Frentes fue el de Barrios, que llevaba la línea del partido al movimiento ciudadano. En 1976 elaboró la alternativa municipal del Partido Carlista, que hoy sirve para conocer cuáles eran las reclamaciones y aspiraciones de la izquierda autogestionaria en esos momentos y para apreciar la enorme distancia que las separa de los modestos programas ofrecidos en las recientes elecciones municipales por unas candidaturas que se reclaman de la izquierda pero que rezuman conformismo con el statu quo.

Pegatina del Partido Carlista, 1978 (Archivo La Alcarria Obrera)

ALTERNATIVA MUNICIPAL

1.- Análisis de la problemática ciudadana

Las ciudades en las que vivimos la gran mayoría de la población del estado español, así como el campo, que ha quedado abandonado al verse su población arrancada hacia los suburbios de las zonas industriales en las que no han encontrado -al menos inicialmente- unas condiciones mínimas para arraigarse e iniciar una vida comunitaria, responden a una organización política que ha amparado por medio de la legislación y de la estructura centralista, autoritaria y represiva del estado a los intereses de los grandes capitalistas, es decir, al capital monopolista.

Capital que, buscando el máximo de beneficio a corto plazo, exige el abandono del campo y la desertización del medio rural, las grandes concentraciones industriales y urbanas, sin preocuparle los graves problemas que esto conlleva, como son la contaminación, las aglomeraciones tipo "colmena", el desarraigo, la marginación... Para los capitalistas los hombres no son más que una mano de obra barata que les es imprescindible y que procuran sea lo más barata posible.

El nivel local de la Administración, los Ayuntamientos, han sido los ejecutores de toda esta política de la clase dirigente. Los Ayuntamientos no han podido ser neutrales, y han resultado cómplices porque forman parte de una estructura opresora de la que son el último eslabón, y al que por su cercanía al pueblo se ha condicionado totalmente impidiendo toda representación directa, ninguna autonomía política (todo acuerdo municipal debe ser revocado por el Gobierno Civil) obligándole a hacer de recaudador y transmisor de impuestos pero sin un mínimo de recursos que le garanticen su actuación autónoma y descentralizada. En este contexto los Ayuntamientos han sido clasistas en las tomas de impuestos, expropiaciones, planes de urbanización, viviendas, intermediarios, consumo, transportes, sanidad, medio ambiente, enseñanza, cultura..., al favorecer o tolerar una política de especulación e iniciativa privada.

Pero la ciudad no es únicamente una organización para la convivencia, sino que debe ser medio de participación social. El nivel político y administrativo local no es solamente el gestor de unos intereses públicos -mediante una serie de medidas políticas presupuestarias, programas, planes y actuaciones concretas- sino que es el escalón primario del aparato del estado, aquél más cercano a todo ciudadano y que incide en la mayor parte de la vida colectiva en la que el vecino quiere participar y controlar.

Debemos partir primero de un análisis concreto de la realidad actual que facilite una alternativa democrática popular, así como una línea clara de actuación hacia ella:

1°) La organización y gestión de la ciudad tiene, en un sistema capitalista, un único objetivo prioritario: asegurar a las clases populares un mínimo de servicios que les permita seguir produciendo en beneficio de la minoría detentadora del poder económico y a la que le preocupa únicamente el beneficio y la especulación de toda actividad económica y social.

2°) La ciudad es marco de acumulación de capital. Obtenida no solamente de la plusvalía no pagada de los trabajadores, sino de la especulación inmobiliaria y la corrupción administrativa.

3°) Condiciona totalmente la ubicación de las clases populares y la clase dominante, mediante la construcción de barrios periféricos con viviendas de baja calidad y servicios deficientes, que se intenta paliar con el mito de "un centro al servicio de todas las clases sociales" y procura la solución individual y no colectiva de los problemas comunitarios: transporte, enseñanza, sanidad...

4°) La administración local es instrumentalizada en beneficio de los poderosos de cada ciudad colocando elementos suyos en los Ayuntamientos a fin de garantizar en la práctica los intereses monopolistas que el sistema sociopolítico les permita.

Ante esta situación, hoy el Movimiento Ciudadano (Asociaciones de Vecinos, Amas de Casa, Movimiento Democrático de Mujeres, grupos culturales y juveniles y tantas otras entidades ciudadanas) constituye uno de los ejes reivindicativos de una población que mediante presión y movilización constante, exige en su barrio y ciudad, viviendas dignas y suficientes, un urbanismo que mejore su calidad de vida, unos servicios y equipamientos que faciliten la convivencia, la promoción cultural, exige su participación en la política local, la representatividad y eficacia de la administración y el control de la gestión de su ciudad.

Por lo que el Movimiento Ciudadano está luchando es por la ciudad del pueblo y no por una ciudad construida y configurada como instrumento de la política de minorías clasistas y autoritarias. Esta exigencia tiene que partir, y la práctica lo confirma, del empuje popular que logre, partiendo de la ciudad actual (gran densidad de población, enormes déficits de equipamientos sociales y unas instituciones autoritarias que han permitido la especulación y corrupción) transformar la dirección del desarrollo de las ciudades hacia el interés de la mayoría, lo que no podrá lograrse si no se rompe previamente con una realidad política que no permite la autoorganización de los diferentes grupos sociales y políticos ni la denuncia y negociación de los conflictos.

Esta situación sólo puede resolverse inicialmente mediante la ruptura municipal concretada en elecciones democráticas, una vez dimitidos los actuales Ayuntamientos y admitidas las autonomías regionales.

Es imprescindible la desaparición de la actual Administración y su reestructuración a niveles más asequibles y cercanos a cada ciudadano del pueblo en la misma, niveles de barrio y distrito, de comarca, de nación. Niveles que respondan a la interdependencia de las necesidades sociales y al análisis de las mínimas necesidades colectivas, así como a los niveles de control de los ciudadanos. Reestructuración que facilite unos recursos económicos suficientes y una autonomía en las decisiones.

Solamente una administración descentralizada, autónoma y democrática que permita la participación ciudadana y el control popular, puede responder a las exigencias que desde hoy plantea el Movimiento Ciudadano para lograr la justa distribución de los recursos comunitarios, unas mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, una ciudad que se vaya construyendo según la política de las clases populares. Una ciudad socializada, autónoma y autogestionada.

2.- ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA DEL PARTIDO CARLISTA.

2.1. Reivindicaciones más urgentes.

El Partido Carlista, quiere reflejar brevemente los puntos básicos que considere necesario ir conquistando para construir el socialismo, para que se alcance la autonomía de las clases populares en el Municipio:

- Control del suelo urbano y socialización de los servicios públicos.

- Potenciación de la iniciativa municipal, nacional y federal, que anule el poder de los monopolios en la construcción de las viviendas, enseñanza, sanidad... y en la planificación económica y territorial elaborada con la participación y aprobación de los ciudadanos.

- Medidas que supongan una elevación de la calidad de vida en la ciudad y en el campo.

- Potenciación de la autoorganización de los vecinos, garantizando el papel directo de estos en la gestión del municipio, así como en la planificación.

- Administración descentralizada, con autonomía, al servicio del pueblo.

Todo ello, inicialmente, debería concretarse en una serie de medidas determinantes:

CONTROL DEL SUELO URBANO.- PROBLEMÁTICA GENERAL.-

LA INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA: La especulación del suelo, ha sido y es, el negocio número uno del país. La vivienda es problema, sobre todo por la especulación del suelo.

Otro problema es el mal desarrollo urbanístico de las ciudades, que crecen buscando soluciones más económicas, que no coinciden nunca con las urbanísticamente más idóneas, produciendo su extensión desordenada y encareciendo la dotación de servicios.

Sólo se protegen los intereses privados. No hay una planificación urbanística que respete las más mínimas condiciones de habitabilidad.

Eliminando la especulación, se consigue a través del desarrollo de la iniciativa pública, la construcción de viviendas dignas para todos, frenando las grandes actuaciones del capital monopolista, adecuando la oferta a la demanda, potenciando incentivos para viviendas en alquiler, expropiando las no ocupadas, a la vez que se controla el suelo y se incrementa la construcción de viviendas por iniciativa pública, se potencia la participación de las organizaciones vecinales en las gestiones mencionadas. Lo que exigiría nuevas leyes del suelo y vivienda.

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA: Que disminuyan los desequilibrios entre ciudad y campo, industria y agricultura, impulsando la desurbanización, que evite la contaminación, real izando unidades vecinales integrales: residencia, trabajo, servicios, consumo, etc. Esta política, concretada en una ley del medio ambiente y calidad de vida, deberá procurar eliminar los desequilibrios municipales, mediante una planificación por y para los sectores populares, así como propulsando planes de reciclaje de desperdicios e investigando nuevas fuentes de energía.

DESCENTRALIZACIÓN DEL TRANSPORTE: Estructurándolo y planificándolo según las exigencias de cada municipio, contribuyendo, no sólo a un equilibrio del territorio, sino procurar una mayor utilización del tiempo libre, evitando los largos desplazamientos diarios, creando líneas directas desde el hábitat al lugar de trabajo. Inicialmente, habría que, aprovechando y racionalizando los medios existentes (autobuses municipales, ferrocarril y metro) potenciar el transporte público sobre el privado, flexibilizando los horarios industriales y comerciales, que eviten las aglomeraciones de las horas punta, llegando a su socialización e incluso a su gratuidad.

CONTROL DE SANIDAD: Que elimine los problemas de Salud pública, (salubridad, higiene, contaminación) y procure una política preventiva, descentralice la Seguridad Social y amplíe y coordine los servicios ambulatorios y hospitales, aumente la realidad de la asistencia, garantice el control de las clases populares de la seguridad social y promueva una política de socialización de la medicina, a la vez que realice una política de asistencia hacia los sectores marginados: enfermos crónicos, psiquiátricos, alcohólicos y toxicómanos, transeúntes, minusválidos, ancianos...

UNA POLÍTICA DE ENSEÑANZA.CULTURA y TIEMPO LIBRE: Garantizando la plena escolarización gratuita de una enseñanza socializada y científica, impartiéndolas en la realidad cultural autóctona y en la lengua vernácula. En su planificación y gestión deben participar y controlarla los enseñantes y padres en la primera edad, siendo los propios usuarios y enseñantes quienes la gestionen y planifiquen en la totalidad restante. Existiendo los centros escolares necesarios ubicados en cada barrio.

Es imprescindible la participación popular a partir de su propia realidad cultural autóctona (música, arte, folklore, fiestas), en la planificación y controladas por las asociaciones populares, constitucionalmente garantizadas, promoviendo instalaciones deportivas públicas en los barrios centros culturales y juveniles, bibliotecas, locales para ancianos, grupos marginados (minusválidos)...

-UNA POLÍTICA DE CONSUMO Y ALIMENTACIÓN: Que garantice simultáneamente, calidad del producto, salubridad del mismo y comercialización cercana a la residencia, eliminando los intermediarios, concretando medidas de vigilancia y procurando el control de precios y la descentralización de los grandes almacenes, procurando la desaparición de los pequeños comercios de alimentación, en los que no existen garantías de salubridad y calidad, además de encarecer el producto.

-CREACIÓN DE CENTROS PARA GRUPOS MARGINADOS: Que garanticen su total incorporación a la sociedad, asimismo como hacer los municipios ágiles a su servicio, deben participar y controlar la planificación y gestión de la problemática, los propios usuarios.

Exige también la creación de guarderías en los lugares de trabajo de la madre, para los niños lactantes, a fin de que estén debidamente atendidos por la madre.

Exige también una administración al servicio de los intereses populares, potenciando en ella la más amplia participación de los ciudadanos. Participación que critique actuaciones, planifique con los técnicos desde la base, con autonomía económica y política a cada nivel.

Participación que no se limita a la elección y revocación de los órganos de decisión, sino que plantea en el pueblo la más amplia discusión sobre necesidades urgentes y objetivos prioritarios, búsqueda y distribución de recursos, que aporte en la planificación y gestión la problemática concreta en cada barrio, que vigile la ejecución correcta de los acuerdos y exija responsabilidades, que controle el papel de funcionarios y profesionales, que elimine la corrupción y la burocracia. Participación, en definitiva, que garantice un funcionamiento democrático, eficaz y acorde con los intereses populares. Todo ello exigiría una nueva Ley de Administración Local.

Estas medidas tienen que ser ganadas a la burguesía y no pueden ser impuestas al pueblo. Los trabajadores tenemos que participar muy activamente en su realización y gestión democrática, hay que demostrar que sólo logrando el poder obrero se podrá consolidar y perfeccionar el camino emprendido, impidiendo posibles avances de la reacción.

En cada momento, en cada sector, el pueblo trabajador concretará la línea a seguir, las metas concretas a conquistar.

2.2. Ayuntamiento Democrático.

Es evidente que para pasar de la actual situación represiva y de falta de libertad a una situación democrática, es necesaria la ruptura con una situación política dictatorial que ha durado 40 años impidiendo toda actuación y participación del pueblo en su ciudad. No nos sirve una reforma que varía lo imprescindible para que nada sustancial cambie, que pone limitaciones a la libertad, que continúa manteniendo estructuras centralistas y autoritarias.

Ruptura que se concreta en una exigencia asumida:

"AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS". Lo que es tanto como hablar de estado democrático y federal y de ruptura de las actuales formas centralistas y autoritarias del Estado para dar paso a una situación democrática que debe ser garantizada en la Constitución y Estatutos de autogobierno de los países. Ruptura que supone el rechazo de la vigente Ley de Régimen Local, con la que lo más que se puede conseguir es llevar demócratas a los Ayuntamientos, ya que éstos, al no variar su estructura y objetivos, imposibilitan toda actuación democrática.

Es evidente también que sólo podrán tener vigencia unos Ayuntamientos democráticos en el marco de un Estado democrático, de una situación constitucional en el que está garantizado el ejercicio de lo que se viene denominando democracia burguesa porque consideramos que es imposible conseguir Ayuntamientos democráticos por el camino de la reforma. Aún en el caso de que se llegase a la elección directa de los Alcaldes y concejales por sufragio universal, no existirían garantías -dada la situación de falta de libertad- de que las elecciones fueran libres, el funcionamiento de los Ayuntamientos estaría sometido a las arbitrariedades de la Ley de Régimen Local vigente, (no olvidemos que esta Ley fue aprobada por unas Cortes franquistas, faltas de toda representatividad popular), no habría autonomía ni política ni económica.

El marco de ruptura lleva consigo una serie de exigencias mínimas:

-Amnistía total y libertades democráticas para todos.
-Supresión del entramado legislativo y constitucional del Régimen franquista, en cuanto oprime al pueblo para ejercer la democracia.

-Formación de un Gobierno Provisional a nivel del Estado y el reconocimiento mutuo de los existentes en las nacionalidades. Gobiernos que ejercerán el poder provisionalmente en el marco de sus respectivos estatutos.

El problema se centra ahora en cómo llegar a la conquista de unos Ayuntamientos democráticos a partir de la ruptura democrática, sin desechar los avances que puedan obtenerse a partir de las conquistas municipales o de zonas de poder democrático en los actuales Ayuntamientos, que servirán fundamentalmente como factor de empuje en el contexto de la lucha popular para conseguir la ruptura democrática. Lograremos la ruptura si desde la lucha de cada día, la imponemos desde la base a partir de la actuación personal y colectiva, mejorando la autoorganización de los grupos de vecinos que exigen la amnistía total, plantean el control de la gestión municipal, analizan las causas de la actual situación de las ciudades y movilizan, cada vez, a sectores más amplios que determinen una correlación de fuerzas que lleve a los grupos democráticos al poder.

Consejo Municipal Provisional

Conseguida la ruptura democrática, existe el peligro de que se cree un vacío de poder. Las fuerzas democráticas (Asociaciones de Vecinos. Amas de Casa, grupos ciudadanos, organizaciones culturales y juveniles, partidos y sindicatos) deben asumir el poder municipal en el contexto en el que se dé la ruptura, estructurar en coalición democrática el Consejo Municipal Provisional que, garantizando el pleno ejercicio de los derechos democráticos y nacionales, plantee unas elecciones democráticas de Alcalde y concejales por los mayores de 18 años.

El Consejo Municipal Provisional deberá;

-garantizar el pleno ejercicio de los derechos democráticos, tanto a los ciudadanos individuales como a las instituciones y entidades locales, así como los derechos nacionales configurados en el Estatuto de Autonomía.

-Procurará y garantizará unas elecciones libres conforme a las normativas constitucionales generales del estado español.

-Será la única representación global de la ciudad en los organismos superiores del país y la administración.
-Asumirá plenamente el poder ejecutivo a nivel local sobre la base de autoridad que le dará el consenso ciudadano expresado a través de la participación activa de los ciudadanos. Las únicas limitaciones a su gestión derivarán de su carácter provisional, garantizando el respeto estricto de los resultados electorales y el traspaso de poderes al Ayuntamiento democrático que resulte elegido.

Ayuntamientos democráticos

Tanto los Consejos Municipales Provisionales como los Ayuntamientos democráticos deberán asumir unos criterios de actuación que demuestren su quehacer político:

-procurarán una participación ciudadana y un control de la gestión municipal por los vecinos, así como una mejor utilización de los recursos comunitarios. Para facilitar todo ello, se debe proceder a una nueva redistribución territorial de barrios, distritos, pueblos, ciudades, comarcas o mancomunidades de Ayuntamientos, lo que también deberá reflejarse en la estructuración de la administración municipal

-se establecerá referéndum municipal al que se acudirá; tanto para la revocación de alcaldes y concejales, como para la anulación de acuerdos

-los estatutos municipales de autogobierno, en estrecha coordinación nacional, garantizarán la efectiva independencia, en el ámbito de la autonomía propia, respecto al poder central, evitando la injerencia gubernativa

-se reconoce a las Asociaciones de Vecinos, entidades ciudadanas, sindicatos y partidos políticos, su derecho a la participación directa en la gestión ciudadana considerándoles como interlocutores válidos de los vecinos y como elementos populares que participen en el control de la gestión municipal

-se garantizará la información pública total

-se congelarán todos los acuerdos, planes y actuaciones que el pueblo está denunciando actualmente como arbitrarios y antipopulares. Paralelamente se investigarán las responsabilidades económicas, políticas y sociales derivadas de gestiones municipales impuestas en contra de los intereses del pueblo, entablando procedimiento judicial contra los responsables

-se montarán instrumentos eficaces de lucha contra la corrupción e intereses de los grupos económicos, evitando la 'burocracia así como todo lo que perjudique los intereses populares.

-Confiscación del patrimonio, hoy en poder de los grupos antidemocráticos y ponerlo, junto con el patrimonio municipal, a disposición de todas las organizaciones democráticas.

-Elaboración de planes de urgencia para cada barrio, ciudad, comarca... que cubra redistributivamente las necesidades más urgentes. Así como que se inicie una planificación ciudadana democrática.

La estructuración de los Ayuntamientos también deberá ser democrática: la representación de los vecinos se llevaría a cabo por unidades de convivencia con un determinado número de vecinos, procurando una descentralización no sólo política sino también administrativa.

Si el alcalde es elegido por sufragio universal de todos los mayores de 18 años, los concejales serían elegidos por distritos o barrios, vinculándolos a una zona geográfica determinada.

A nivel de barrio habría un CONSEJO DE BARRIO o distrito formado por representantes de cada organismo representativo que funcione en el barrio y en el que se integraría el concejal representante.

3.- ALTERNATIVA SOCIALISTA Y AUTOGESTIONARIA DEL PARTIDO CARLISTA. (En el marco de vecindad)

La alternativa a las ciudades al servicio del capital y marginada de toda participación y control popular sólo puede darse dentro de un marco socialista que permita la justa distribución, por el propio pueblo, de los recursos naturales y dentro de un marco político autogestionario en el que los vecinos propongan la planificación, participen directamente de la administración de su ciudad y existan órganos populares de control directo de la gestión social a nivel territorial: barrio, ciudad, comarca... , de tal forma que estando el control de la administración a cargo de los ciudadanos, se elimine definitivamente cualquier forma de burocratismo.

En nuestra alternativa de Socialismo de Autogestión, planteamos como elemento indispensable la planificación socio-céntrica, cuya función será la de aprovechar los recursos económicos y humanos, distribuyéndolos adecuadamente entre toda la población de forma que se evite el despilfarro.

Pero, además, la planificación no puede ser concebida como una opción técnica sino como una tarea colectiva de participación, en la que los vecinos, conociendo las necesidades concretas de su marco de convivencia, propongan a diferentes niveles una planificación que adecúe necesidades y recursos.

En la proposición del plan intervendrán las entidades inscritas en el barrio (asociaciones ciudadanas, partidos políticos y sindicatos) y tendrá como vehículo de canalización el Municipio, que desde la base irá sintetizando las proposiciones hasta su aprobación a nivel federal donde, siguiendo las directrices plasmadas en los órganos representativos del Estado Socialista Federal, se concretará en una planificación que vuelva a la base, de donde ha partido para su realización.

La planificación de esta manera será muy realista y podrá determinar los fines y medios a utilizar en la producción y el consumo.

Descentralización planteada directamente por la sociedad, por los vecinos, y no por el aparato del Estado, a través de técnicos alejados de la realidad social de casa, barrio, ciudad o comarca. Es así una planificación global para el conjunto de la población y referida no sólo al sistema de producción sino a la organización del medio urbano y rural que concrete las posibilidades de sanidad, enseñanza, vivienda, cultura, etc. de toda la población.

Este planteamiento autogestionario requiere que, además de que la planificación esté hecha por el conjunto de la sociedad y de que sea descentralizada, esté controlada por los propios vecinos, para lo cual contarán con órganos de control popular de la gestión ciudadana: Consejos de Barrio y la Asamblea, que requerirán una autonomía administrativa, económica y política, a todos los niveles dentro de unos acuerdos globales pactados a nivel federal. En definitiva, una actuación continua directa en la administración de la ciudad dentro de un marco necesario de autonomía.

La administración, cercana a todos los vecinos, se centrará en la Asamblea de Barrio, zona, etc. que coordinará a todas las entidades y grupos ciudadanos fundamentalmente a las Asociaciones de Vecinos. A un primer nivel se elegirán representantes que formarán los Consejos de Barrio, quienes irán coordinando con entidades superiores hasta llegar a los Ayuntamientos. Estos representantes, democráticamente elegidos, actuarán con mandato imperativo de su propia base, siendo revocables en todo momento.

Así se constituirán los Ayuntamientos de ciudad o comarca, las Diputaciones Provinciales y los organismos representativos a nivel nacional.

Esencial en la autogestión es la responsabilización y también el control popular. Planteamos éste a través de las tareas que cada vecino realiza más directamente: cultura, urbanismo, vivienda, sanidad, etc., y que se reflejan en la estructura administrativa de los Ayuntamientos.
Así, los representantes de los organismos culturales o grupos preocupados por el urbanismo en un barrio determinado controlarán, de forma establecida y directamente, los que en las secciones respectivas administrativas a nivel municipal se va desarrollando. De este modo los vecinos no delegan, sino que comprueban la ejecución de lo acordado, tanto en los grandes objetivos de la ciudad como en aquellos que, aunque pequeños, tienen una importancia determinante para un sector, una zona, etc.

4.- LINEA ESTRATÉGICA DEL PARTIDO CARLISTA EN LA ETAPA ACTUAL.

Todo el planteamiento anterior, aunque objetivo a largo plazo, debe irse determinando teniendo en cuenta la situación de cada momento, concretándose en una línea estratégica a seguir hasta la consecución de la ruptura municipal a un primer nivel, para pasar a la etapa de democracia formal en un segundo, y llegar al socialismo de autogestión, objetivo último y fundamental del Partido Carlista.

Esta estrategia habrá de concretarse en unos puntos básicos que podrán conseguirse a través del cambio de estructuras mentales, que lleva consigo las movilizaciones ciudadanas y su participación en las organizaciones democráticas y populares como son las Asociaciones de Vecinos, los partidos políticos y las organizaciones sindicales y culturales.

Estos puntos estratégicos a conseguir son:

-Ruptura municipal: Ayuntamientos Democráticos. Elecciones libres y democráticas para todo el pueblo. Estatutos de autonomía para las nacionalidades.

-Autonomía política y económica en los niveles locales y nacionales reconocidos por la Constitución y las Gestoras nacionales.

-Creación de organismos de control de la gestión ciudadana.

-Medidas socializadoras: suelo, vivienda, transporte, enseñanza, sanidad, consumo, medio ambiente, cultura

LINEA TÁCTICA DEL PARTIDO CARLISTA EN LA ETAPA ACTUAL

En un contexto capitalista, agudizado por un régimen autoritario y represor de las aspiraciones populares, en el que la conciencia de su situación no ha llegado a la mayoría de los trabajadores, nuestra tarea será elevar ese nivel de conciencia del pueblo a través de las movilizaciones populares por las reivindicaciones inmediatas, analizando las causas de los problemas y de la situación de opresión, trabajar en la organización de los vecinos a través de las Asociaciones de Vecinos, Amas de Casa y otros grupos ciudadanos, planteándose en todo momento la existencia de la participación de los vecinos en la construcción de su ciudad y en el control de la gestión municipal, así como la necesidad de libertades para todos.

La lucha del Movimiento Ciudadano ha avanzado de forma tal, que no sólo moviliza a millares de vecinos en Madrid, San Sebastián, Barcelona, Bilbao y pueblos de todos los rincones, sino que plantea contraplanes de urbanismo, denuncia en la prensa la mala gestión municipal, pide responsabilidades y dimisión a alcaldes y concejales así como su elección directa. Exige la legalización de las Asociaciones de Vecinos y allí donde hay condiciones un control directo de las organizaciones populares en la gestión municipal

Todo este empuje tiene una meta inicial, la ruptura con una situación autoritaria hacia un régimen democrático que vaya marcando a la clase trabajadora una línea de actuación que permita ir avanzando hacia el socialismo, lo que únicamente podrá conseguirse en una situación de lucha de clases, con una participación responsable del pueblo, tanto en la ruptura como en la etapa de democracia formal, participación directa en la tareas de su ciudad, de su nación, de su trabajo, marcando en cada momento metas ideológicas a conseguir. Y esto dependerá de los propios ciudadanos, de su capacidad de organización y de lucha. Por ello, hemos de dar a nuestras reivindicaciones un sentido global: lucha global para conseguir nuestra total liberación.

-Lucha por los objetivos generales de la clase trabajadora.

-Lucha por los problemas específicos de barrios y pueblos.

El barrio es una plataforma fundamental para la concienciación y lucha política. Los barrios tienen una vida solidaria, quizá como contrapartida de la segregación y las dificultades que padecen. En el barrio se manifiestan todas las contradicciones del sistema: económicas, sociales, culturales y políticas. Ante las condiciones de explotación capitalista, la concienciación tiene que ser crítica y comprometida. La concienciación llevará a una participación en la lucha unitaria y ésta llevará a una actuación política.

Origen de la Anarquía, de Piotr Kropotkin

La anarquía que en Mijaíl Bakunin era intuición, en Piotr Kropotkin era reflexión. Fue este último el que recogió las ideas de los pioneros del socialismo antiautoritario y las moldeó con los modernos métodos de la ciencia, con el rigor exigente de la ciencia y con la precisión terminológica de la ciencia. Su inteligencia y su erudición en tantos y tan variados campos científicos (biología, geografía, antropología…) le permitió aportar ejemplos y casos que avalaban sus teorías. Uno de sus libros menos conocidos es, sin embargo, La ciencia moderna y el anarquismo, en el que interpreta la ciencia desde una perspectiva libertaria y aplica al anarquismo los preceptos científicos y filosóficos; Darwin, Kant, Hegel, Stirner… pasan por sus páginas. Ofrecemos aquí el primero de sus capítulos.

Piotr Kropotkin, Dimitroff, noviembre de 1920 (Archivo La Alcarria Obrera)

 

ORIGEN DE LA ANARQUÍA

La anarquía no tiene su origen ni en las investigaciones científicas ni en sistema filosófico alguno. Las ciencias sociológicas están lejos todavía de haber adquirido el mismo grado de exactitud que la física y la química. Aun con relación al estudio del clima y del tiempo (en Meteorología), no somos capaces de pronosticar con un mes o con una semana siquiera de anticipación las condiciones meteorológicas correspondientes; seria, pues, inocente pretender que con el auxilio de una ciencia tan moderna como la Sociología que trata de cosas infinitamente más complicadas que el viento y la lluvia, pudiéramos predecir científicamente los sucesos. Además, es necesario no olvidar que los hombres de ciencia no son sino hombres como los otros y que en su mayoría pertenecen a las clases acomodadas y, por tanto, comparten sus prejuicios. Por añadidura, no pocos están al servicio del Estado. Es así de toda evidencia que la anarquía no procede de las Universidades.

Del mismo modo que el socialismo, genéricamente hablando, y otras manifestaciones de carácter social, el anarquismo tiene su origen en el pueblo y únicamente conserva su vitalidad y su fuerza creadora en tanto cuanto persiste en su condición de movimiento popular.

A través de todos los tiempos han estado en conflictos dos corrientes de pensamiento y acción en medio de las sociedades humanas.

De una parte, las masas, el pueblo, forjó a fuerza de trabajo, en el curso de su existencia, un cierto número de instituciones necesarias para hacer posible la vida social, el mantenimiento de la paz, el arreglo de los conflictos y la práctica del apoyo mutuo en todas aquellas circunstancias que requiriesen combinación de esfuerzos. Las costumbres de tribu entre los salvajes, las comunidades rurales, más tarde las hermandades industriales en las Ciudades de la Edad Media, los primeros elementos de la ley internacional que aquellas ciudades elaboraron para establecer sus relaciones mutuas; esas Y muchas otras instituciones fueron desarrolladas y acabadas laboriosamente, no por legislación, sino por el espíritu creador de las masas.

De otra parte, florecieron siempre entre los hombres los tenidos por magos, chamanes, oráculos y sacerdotes, fundadores y guardianes de un rudimentario conocimiento de la Naturaleza y de los primeros elementos del culto: culto al sol, a la luna, a las fuerzas naturales, culto ancestral. Conocimiento y superstición se daban entonces la mano; los primeros rudimentos de la ciudad y los comienzos de todas las artes y oficios estaban perfectamente entretejidos con la magia, cuyas fórmulas y ritos se ocultaban cuidadosamente a los no iniciados. Al lado de estos incipientes representantes de la religión y de la ciencia, había también los hombres expertos en costumbres antiguas; hombres como los brehons de Irlanda, que conservaban de memoria los precedentes de la ley. Y había, asimismo, los Jefes de las bandas guerreras, a quienes se suponía en posesión de los mágicos secretos del éxito de las batallas.

Estos tres grupos de hombres formaban entre sí sociedades secretas para guardar y transmitir –después de una larga y penosa iniciación- los secretos de su ciencia y de su oficio; y si a veces luchaban entre sí, prontamente y sobre la marcha se ponían de acuerdo y ayudándose de diferentes modos a fin de poder dirigir las masas, reducidas a la obediencia, gobernarlas y hacerlas trabajar para ellos.

Es evidente que la anarquía representa la primera de estas dos corrientes, es decir, la fuerza creadora y constructiva de las masas que elaboraron las instituciones de la ley común a fin de defenderse de una minoría dominadora, Y con esta fuerza creadora, con esta eficacia constructiva del pueblo y el auxilio de todo el poder de la ciencia y de la técnica modernas cuenta hoy la anarquía para fomentar todas las Instituciones indispensables al desenvolvimiento de la sociedad, bien al contrario de cuantos cifran sus esperanzas en las leyes dictadas por minorías gobernantes y privilegiadas.

No hay, por tanto, duda de que en todos los tiempos han existido anarquistas y partidarios del Estado.

Por otra parte, puede observarse siempre que aún las mejores entre todas las instituciones creadas para mantener la igualdad, la paz y el apoyo mutuo, se petrificaban tal y como habían sido fundadas en las antigüedad.

Perdida la finalidad originaria, caían bajo la dominación de minorías ambiciosas y gradualmente convertíanse en obstáculo al desenvolvimiento ulterior de la sociedad. Entonces surgían aquí y allá individuos más o menos aislados que rebelaban contra esas instituciones. Pero mientras algunos de los descontentos que se rebelaban abiertamente contra tal o cual institución que se había hecho enojosa, se esforzaban por modificarla en beneficio del interés común y por demoler una autoridad no sólo ajena a la institución, sino también empeñada en hacerse más poderosa, más fuerte que la institución misma, otros procuraban emanciparse a todo trance de las mismas instituciones sociales. Repudiaban estos últimos las costumbres establecidas por la tribu o por las comunidades de campesinos o por las hermandades industriales con el sólo objeto de colocarse fuera y por encima de las instituciones sociales y de dominar también a los demás miembros de la sociedad y enriquecerse a sus expensas.

Todos los reformadores verdaderos, así religiosos como políticos y económicos, deben ser incluidos en la primera de esas dos categorías de rebeldes. Y es indudable que entre aquéllos jamás faltaran individuos que, sin pretender ganarse la voluntad de todos sus conciudadanos o sólo de una minoría, impulsaran la acción de grupos más o menos numerosos contra la tiranía o bien marcharan, si no lograban verse secundados, resueltamente solos. Ha habido, pues, revolucionarios en todos los tiempos históricamente conocidos.

Sin embargo, esos revolucionarios se nos ofrecen bajo dos distintos aspectos. Algunos, al rebelarse contra la autoridad opresora, no tratan en modo alguno de destruirla; se proponen simplemente conquistarla para sí. En lugar de un poder que se ha hecho tiránico, pretenden constituir uno nuevo cuya posesión reclamaban bajo promesa, hecha frecuentemente de buena fe, de que la nueva autoridad será en sus manos la verdadera representación del pueblo-y hará, asimismo, su felicidad. Esta promesa es olvidada más tarde inevitablemente, cuando no traicionada a mansalva. Así es como se constituyeron la autoridad imperial de los Césares, el poder eclesiástico en los primeros siglos de nuestra Era, el poder dictatorial en las decadentes ciudades de la Edad Media y otros análogos. El mismo pensamiento directriz prevalece respecto a la autoridad real en Europa allá por los últimos tiempos del feudalismo. La fe en un emperador "por y para el pueblo" no ha muerto todavía en nuestros días.

A la par de esta corriente autoritaria, se afirmó constantemente otra corriente impulsada por la necesidad de revisar todas las instituciones establecidas. Desde la antigua Grecia hasta nuestra época, ha habido siempre individuos y tendencias ideales y de acción que perseguían, no la sustitución de una autoridad particular por otra, sino destruir la autoridad misma en el seno de las instituciones populares, sin crear una nueva en su lugar. Proclamábase a un mismo tiempo la soberanía del individuo y del pueblo y se trataba de librar a las instituciones populares de todo desarrollo autoritario; se luchaba por devolver libertad plena al espíritu colectivo de las masas para que el genio popular pudiera libremente reconstruir las instituciones de mutuo apoyo y protección en armonía con las nuevas condiciones y necesidades de la existencia. En las ciudades de la antigua Grecia y especialmente en las de la Edad Media, como Florencia y otras, pueden hallarse muchos ejemplos de esta clase de conflictos.

Se puede, por tanto afirmar también que en todos los tiempos han existido jacobinos y anarquistas entre los reformadores y los revolucionarios.

En el pasado se registraron de tiempo en tiempo formidables movimientos populares de carácter anarquista. Villas y ciudades se levantaban contra el principio de gobierno, contra los sostenedores del Estado, sus tribunales y sus leyes, y proclamaban la soberanía de los derechos del hombre. Negaban toda ley escrita y afirmaban que cada uno podía gobernarse a sí mismo conforme a los dictados de su conciencia. Trataban así de fundar una nueva Sociedad basada en los principios de igualdad, de total libertad y de trabajo. En el movimiento cristiano de Judea, bajo Augusto, contra la ley romana y su Estado y contra la moralidad, mejor la inmoralidad de aquella época, hubo, indudablemente, muy señalada tendencia anarquista. Poco a poco, este movimiento degeneró en sentido teocrático, adaptándose más tarde a la Iglesia hebrea y al mismo imperio romano, lo que, naturalmente, mató todo lo que en el cristianismo había de anarquista en sus comienzos, dio a las enseñanzas cristianas la forma romana de la autoridad y pronto se constituyó en el estado mayor de la autoridad, de la esclavitud y de la opresión. La semilla del “oportunismo” introducida en la cristiandad, se revela ya pujante en los cuatro Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, o, por lo menos, en la versión de los mismos incorporada al Nuevo Testamento.

Del mismo modo, el movimiento anabaptista del siglo XVI, que en lo esencial inauguró y produjo la Reforma, se fundaba también en bases anarquistas. Pero lo mismo bajo la acción opresora de los reformadores que bajo los auspicios de Lutero, se aliaban los príncipes contra los rebeldes campesinos, aquel movimiento fue aniquilado por medio de una gran matanza de aldeanos y de las gentes más pobres de las ciudades. Entonces la Reforma degeneró poco a poco hasta convertirse en un compromiso entre la conciencia y el Estado, compromiso conocido en nuestros días bajo el nombre de protestantismo.

Resumiendo: el anarquismo tuvo su origen en la actividad creadora y constructora de las masas que elaboraron, en remotos tiempos, todas las instituciones sociales de la Humanidad, y en las rebeliones de los individuos y de las naciones contra los representantes de la fuerza -externa a dichas instituciones-, que al poner sus manos sobre ellas no hicieron más que utilizarlas en su beneficio particular. Todos aquellos rebeldes que clamaban por reintegrar al genio creador de las masas la necesaria libertad para que pudieran desenvolver su actividad creadora y construir las nuevas instituciones requeridas por los nuevos tiempos, estaban imbuidos del espíritu netamente anarquista.

En nuestros tiempos, la anarquía brotó de la misma crítica y de la propia protesta revolucionaria que dio nacimiento al socialismo en general. Mas una cierta parte de los socialistas, después de haber aceptado la negación del capitalismo y de la sociedad fundada en la sujeción del trabajo al capital, se detuvieron en este punto de su desenvolvimiento social. No osaron declararse abiertamente en contra de lo que constituye la fuerza real del capitalismo: el Estado y sus principales auxiliares, la centralización de la autoridad, la ley, hecha siempre por una minoría en su provecho exclusivo y una forma de la justicia cuyo objeto principal es proteger la autoridad y. el capitalismo. El anarquismo, por el contrario, no se detiene ante la crítica de esas instituciones, sino que dirige sus armas sacrílegas, no sólo contra el capitalismo, sino también contra los pilares del capitalismo.

Biografía de Pedro Gómez de la Serna

Pedro Gómez de la Serna fue el primer Jefe Político de Guadalajara plenamente identificado con el liberalismo tras la muerte de Fernando VII: a él se debe la instauración del nuevo régimen en una provincia que entonces nacía y en la que también presidió su Diputación Provincial. Dejó huella de su paso por tierras alcarreñas en multitud de iniciativas políticas que, en ocasiones, se aplicaban antes en Guadalajara que en ninguna otra provincia: Instituto de Enseñanza Media, Junta de Beneficencia, Museo Histórico… Además, su actividad se desplegó en el campo militar, en el urbanismo de la capital y en otros muchos ámbitos con una influencia que, en ocasiones, ha llegado hasta nosotros. Reproducimos la semblanza que sobre Pedro Gómez de la Serna se publicó en la Historia de las Cortes de España que, dirigida por Manuel Ovilo y Otero, se publicó entre 1849 y 1861.

El Excmo. Sr. D. Pedro Gómez de la Serna, distinguido publicista y jurisconsulto español, nació en la ciudad de Mahón en 1807. Fueron sus padres, el Brigadier D. Gaspar, Caballero Comendador de la Orden Militar de Santiago, y Doña Ana Tully, Camarista de S.M. Apenas contaba un año de edad cuando ocurrió la invasión francesa que obligó a los españoles a unirse contra la usurpación del Capitán del siglo. Su padre, fiel a la voz de la patria, abrazó su causa con entusiasmo, y después de haber peleado con inteligencia y valor contra las huestes francesas, coronó la larga serie de los servicios que había prestado en las campañas de Francia y Portugal y la de la Guerra de la Independencia, con una muerte gloriosa en la funesta retirada de Molins del Rey, a finales de 1808.

Sobrevivieron a la muerte de este benemérito militar cinco hijos, que encontraron en los desvelos y el tierno cariño de su madre, reparadas en parte las desgracias de su orfandad, pues que a pesar de las vicisitudes de aquella época desastrosa, ni un momento descuidó su educación en la isla de Menorca, donde la había llevado otra vez el deseo de poder verificarlo con mayor facilidad y con menos agitación.

Arrojados de España los franceses, se trasladó la familia a Madrid, donde poco después de su llegada entró D. Pedro como seminarista en el Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio Abad. En este seminario completó su instrucción primaria e hizo todos los estudios que se cursan en sus aulas; el testimonio unánime de sus profesores, la amistad constante que les ha unido a ellos, aún a través de tantas vicisitudes políticas, atestiguan el aprecio que supo granjearse por su carácter y por su aprovechamiento en las letras, pasando siempre como uno de los más aventajados.

En Octubre de 1820 salió del Colegio para dedicarse en los Estudios de San Isidro de Madrid a las asignaturas, que con el nombre de filosofía, eran preliminar indispensable para la carrera de Jurisprudencia que había elegido, empezando después esta Facultad en la Universidad Central que se había establecido en la Corte. Suprimida esta Universidad por la reacción de 1823, pasó a la de Alcalá, que había sido restablecida, en la que estudió todos los cursos que formaban las carreras de leyes y cánones, recibiendo los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en la primera facultad, y obteniendo la unánime aprobación de los ejercicios, en los que siempre sobresalió.

Grande era la opinión que los catedráticos y cursantes de Alcalá tenían de la capacidad y estudio del señor Gómez de la Serna, que siendo aún estudiante, dio, entre otras, dos pruebas extraordinarias de su talento y de sus adelantamientos: consignadas están ambas en la relación de sus méritos que la Universidad de Alcalá elevó al Señor Don Fernando VII, al proponerle la provisión de una de sus cátedras vacantes. Fue la primera que, estando presente a la celebración de un acto público, y faltando doctores que arguyeran, invitado por el Rector, lo hizo por espacio de una hora, prueba que al salir le valió una especie de ovación por parte de sus compañeros y que empezó a granjearle el concepto que nunca ha decaído después. La otra prueba fue la oposición que hizo a cátedras vacantes, en que con otro condiscípulo se presentó a disputar el terreno en un concurso numeroso de maestros y doctores, entre los que se hallaban algunos que habían sido y eran catedráticos. Estos triunfos conseguidos por el señor Gómez de la Serna, cuando como discípulo se sentaba aún en los escaños de la Universidad, debieron de crear esa afición que ha manifestado después a las letras y a los establecimientos de enseñanza, en medio de las variadas vicisitudes de su vida.

Antes de concluir su carrera literaria, como cursante había ya explicado de extraordinario siendo sustituto en ausencia y enfermedades de catedráticos propietarios, y por último, nombrado sustituto pro universitate en una cátedra de Derecho Romano. Después que recibió el grado de Doctor, y a los 22 años de edad, hizo oposición a una cátedra de Instituciones Civiles de la misma universidad, la que obtuvo, como le sucedió años después con otra cátedra de ascenso, que también ganó en rigurosa oposición. Permaneció dedicado exclusivamente al estudio de la enseñanza hasta que en 1833 creyó conveniente utilizar sus servicios en otra carrera. Por consecuencia de los acontecimientos políticos de La Granja de 1832, el gobierno al cambiar el sistema seguido en los diez años de régimen absoluto, empezó a echar mano para los cargos públicos de personas cuyas opiniones diferentes dieran bastantes garantías de que sostendrían la sucesión directa a la Corona, para neutralizar los esfuerzos combinados de sus enemigos.

El señor Gómez de la Serna fue entonces nombrado, con retención de su cátedra, Corregidor de Alcalá de Henares, ciudad que por un conjunto de circunstancias particulares llamaba muy especialmente la atención del gobierno, que la consideraba como uno de los puntos en que los partidarios de la sucesión de Don Carlos podían reunir mayores elementos. Los estudiantes de la Universidad, tan afectos a uno de sus catedráticos, le recibieron con gran entusiasmo y la población en general le acogió con la mayor benevolencia. Consagrado al cumplimiento de sus deberes políticos y locales, fomentó el espíritu público, destruyó en su origen las conspiraciones, dio grande impulso a todas las obras de interés local, extinguió la mendicidad, administró recta e imparcialmente la justicia, y cuando el cólera invadió el partido, con resolución y sin descanso, atajó en lo posible los efectos del mal, lo que le ocasionó el hallarse en inminente peligro de la vida, mereciendo los elogios de la prensa de aquel tiempo. En Alcalá de Henares fue también Subdelegado de Policía, de La Mesta, de Pósitos, de Montes y de Mostrencos, vacantes y abintestatos.

Separadas las atribuciones administrativas y judiciales, continuó, con retención de la cátedra, en el juzgado de primera instancia del partido de Alcalá, hasta que en junio de 1836 fue nombrado juez de primera instancia de Ciudad Real. No llegó el caso de tomar posesión de esta cargo, porque a mediados de agosto de 1836 se le mandó continuar en comisión en el de Alcalá; pero a las pocas horas de instalarse en él, recibió orden del gobierno para pasar a Guadalajara a formar causa a todas las autoridades, a excepción de las militares, para investigar su conducta por el abandono de la capital a la aproximación del General carlista Gómez, después de la desgraciada acción de Matillas. Apenas empezaba a cumplir su cometido, cuando fue nombrado Jefe Político en comisión de la provincia de Guadalajara, cargo en que continuó por dejar el gobierno sin efecto los nombramientos que hizo para otras provincias, a instancia de las corporaciones provinciales y locales, que deseando que continuase su administración, a fuerza de vivas instancias, lo consiguieron del gobierno, hasta que en noviembre de 1839 se le separó de aquel destino, diciendo S.M. que se reservaba utilizar sus servicios.

Las circunstancias en que se halló la provincia de Guadalajara fueron difíciles; invadida continuamente por las facciones de Aragón, amenazada con frecuencia la capital, y algunas veces por fuerzas considerables, jamás faltó a sus deberes, dio ejemplo y contribuyó en primer término a que no se abandonase el fuerte cuando las numerosas fuerzas del Pretendiente lo amenazaban, y no sólo prestó servicios políticos, sino también militares.

Cuál fue su conducta como administrador de la provincia de Guadalajara lo manifiestan, entre otras cosas, las pruebas del sentimiento que expresaron las corporaciones de ella y sus habitantes; las reformas que hizo en todos los ramos y establecimientos públicos que hay en la provincia a que está unido su nombre. Poco después, el gobierno nombró otro catedrático que le reemplazara, medida tan mal acogida por la Universidad de Madrid que le propuso en primer lugar para el rectorado de la misma, que se hallaba vacante, lo que no tuvo por entonces efecto.

En octubre de 1840 se encargó del rectorado, que desempeñó con aplauso de todos los profesores, hasta que en noviembre fue nombrado Corregidor político de Vizcaya.

Harto sabidas son las circunstancias particulares de las provincias Vascongadas en aquella época, que hacían considerar al Corregimiento de Vizcaya como el cargo más difícil de los que el gobierno confería. Teniendo que sostener la dignidad del gobierno y defender los intereses generales de la nación, que con tanto empeño querían las facciones presentar como opuestos e inconciliables con los del país exento, teniendo que hacer frente a pasiones políticas y personales que se desbandaban, dio pruebas de singular tacto, prudencia y energía. Cúpole la suerte de tener que presidir las Juntas Generales de Guernica de 1841, tan agitadas por haberse discutido en ellas la cuestión de fueros; de oponerse con todas sus fuerzas a la insurrección de 1841 y de oponerse luego también a las violencias tan comunes después de vencidas las insurrecciones. Con la misma energía y entereza con que combatió el alzamiento y anatemizó a los revoltosos, corriendo graves peligros y sufriendo muchas penalidades, se opuso a las medidas de rigor que el general Zurbano adoptaba, creyéndolas como un medio eficaz para cortar de raíz el germen de futuras conmociones.

En una y otra ocasión, cuando le faltaban todos los medios de resistencia, protestaba en nombre de la santidad de las leyes, y con valor y nobleza combatía todo lo que no era legal. Arrestado por los insurrectos, saliendo no sin graves peligros de la provincia de Vizcaya cuando triunfó la rebelión, fue también desterrado cuando la autoridad militar en momentos en que sobreponiéndose a la política, conoció que era un obstáculo insuperable para llevar adelante sus proyectos. El Gobierno de la Regencia hizo cumplida justicia a la conducta prudente y enérgica del Corregidor de Vizcaya, haciendo que la autoridad militar reparase la falta que había cometido y reconociese en el señor Gómez de la Serna al representante del gobierno y le diera completas satisfacciones, mediando al efecto el Capitán General del distrito, encargado de poner un término decoroso a tan tristes acontecimientos. Por consecuencia del arreglo de fueros hecho en el mismo año, quedó el señor la Serna de Jefe Político e Intendente de la provincia de Vizcaya. La estimación pública del país, el nombre que supo granjearse y las simpatías que han manifestado siempre por él los vizcaínos, son la prueba de la conducta que observó en las azarosas circunstancias que tuvo que atravesar.

En mayo de 1842 fue nombrado Subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la Península, cargo que obtuvo hasta que en el mismo mes del año siguiente lo renunció, cuando subió al poder el Ministerio López; entonces fue el principal promovedor de cuantas reformas se verificaron en aquella época.

En 1837 había sido nombrado Diputado a Cortes suplente por la provincia de Soria; y lo fue después propietario por la misma provincia para las Cortes que se reunieron en 1841 y 1843, saliendo de esta última legislatura electo también por la provincia de Segovia. Apoyó con su voz y voto los Ministerios de aquella época, tomando frecuente parte en las discusiones, especialmente en las que se referían a los ramos de administración y de justicia, correspondiendo a muchas comisiones, cuyos trabajo redactó con frecuencia. En las Cortes de 1841 a 1842 fue uno de los Secretarios.

Cuando el Regente del reino destituyó en mayo del 43 el Ministerio López y encargó a D. Álvaro Gómez Becerra la formación de un nuevo gabinete, el señor Gómez de la Serna, después de haber opuesto una resistencia tenaz a tomar la cartera de la Gobernación de la Península, accedió por fin a las repetidas instancias que le hacían sus amigos políticos, que le exponían con colores vivos el deber que tenían en aquellos momentos de prueba todos los hombres del gobierno de no abandonar al Jefe del Estado. Aceptó por fin, y como caballero cumplió hasta lo último los deberes que había contraído. Sostuvo por cuantos medios estuvieron a su alcance aquella situación, y cuando el Regente se vio precisado a abandonar el territorio español en el vapor Betis, aconsejó al Regente que hiciera la célebre protesta, en virtud de la cual fueron privados de sus títulos, honores y condecoraciones cuantos la suscribieron como testigos. Refugiado el señor la Serna con el Regente en el navío de guerra inglés Malabar, pasó a Inglaterra, en donde permaneció por espacio de tres años, con cortos intervalos en que viajó por diferentes naciones de Europa, hasta que elegido Diputado a Cortes, vino a representar el distrito de Orense en febrero de 1847, medio decoroso que tuvo de volver a su patria después de su largo destierro.

Aprovechó los ocios de la emigración consagrándose a profundos estudios jurídicos y a comparar el estado actual de la ciencia en España con el de los demás países de Europa en que se hallaba más floreciente, como lo atestiguan sus publicaciones, que con tanto aplauso han sido recibidas por los profesores de la jurisprudencia. Vuelto de su emigración, lo primero que hizo fue levantar su voz en las Cortes para defender a sus compañeros de desgracia, para manifestar la injusticia de que eran víctimas, para proclamar que la responsabilidad de la protesta era suya, para sostener que en ella se trataba sólo de dejar incólumes los principios, de consignar hechos incuestionables y de apelar a la posteridad en nombre de las leyes vencidas contra las insurrecciones vencedoras.

Muchas son las cuestiones en que tomó parte en cuatro legislaturas en que ha durado el mismo Congreso de Diputados, y especialmente en todas las que se han rozado con los ramos de justicia, administración y de instrucción pública; ha permanecido siempre en la oposición progresista templada, que le considera como uno de sus adalides. A pesar de esto, el Gobierno ha utilizado con frecuencia sus conocimientos y servicios en comisiones y juntas gratuitas, y entre otras la de la formación del Plan de Estudios de 1847, el nombramiento de vocal de la Junta General de Beneficencia y de la enajenación de los bienes de Propios para atender a objetos de utilidad pública. La Sociedad Económica de Soria le honró también nombrándole vocal de la Junta de Agricultura.

Diferentes son las corporaciones científicas a que pertenece el señor Gómez de la Serna. Es primer vice-presidente reelegido de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. La carrera de instrucción pública, que fue la primera que siguió, puede decirse que ha sido a la que más predilección ha manifestado. Separado inoportunamente de ella, cuando no ha podido influir con su voz en la dirección de la juventud en las Universidades, lo ha hecho en otros establecimientos literarios y, sobre todo, escribiendo obras que, recibidas con grande aceptación, contribuyen hoy eficazmente a la instrucción de la juventud jurista, ya sirviendo de texto, ya ejerciendo una gran influencia en el profesorado. Entre ellas deben contarse los Elementos del derecho civil y penal de España, que con el Tratado académico forense de procedimientos judiciales publicó con el doctor D. Juan Manuel Montalván; las Instituciones del derecho administrativo español, primera obra de este género escrita en España; los Prolegómenos del Derecho Romano; la Introducción a las Partidas, puesta al frente de este código en la colección de los españoles últimamente publicados; y en fin, el Curso histórico exegético del derecho romano comparado con el español.

Todos estos trabajos literarios, hechos en medio de tantas vicisitudes e infortunios y de ocupaciones continuas, manifiestan su amor a la ciencia, a la que continúa dedicando los cortos ratos de ocio que le permite la honrosa profesión de la abogacía, que ejerce actualmente con grande y merecida reputación.