La Alcarria Obrera fue la cabecera más antigua de la prensa sindical en la provincia de Guadalajara en el siglo XX. Heredera del decimonónico Boletín de la Asociación Cooperativa de Obreros, comenzó a publicarse en 1906 y lo hizo ininterrumpidamente hasta que, en el año 1911, dejó paso a Juventud Obrera.

El odio de la burguesía y el terror al que fueron sometidas las clases populares provocaron su total destrucción: hoy no queda ni un sólo ejemplar de ese periódico obrero.

En 2007 recuperamos La Alcarria Obrera para difundir textos fundamentales y originales de la historia del proletariado militante, con especial dedicación al de Guadalajara, para que sirvan de recuerdo histórico y reflexión teórica sobre las bases ideológicas y las primeras luchas de los trabajadores en pos de su emancipación social.

18 de enero de 2013

El Manifiesto-Programa del VI Congreso del PCE

Manifiesto-Programa aprobado en el VI Congreso del PCE (Archivo La Alcarria Obrera)

En la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado el PCE acordó un giro de 180º en su acción política en el interior de España. Aunque antes de que acabase la década anterior ya había renunciado a la lucha guerrillera, aún mantenía la retórica de la Guerra Civil y una oposición frontal no sólo contra el régimen franquista sino también contra todos los grupos y organizaciones sociales que había cooperado para derribar la Segunda República. Sin embargo, a partir de 1956, aproximadamente, decidió dar por liquidado el conflicto político y social que había desencadenado esa contienda fratricida y, como afirma en el texto que ofrecemos, considerar que la fractura de la sociedad española ya no seguía la misma línea de trincheras de 1939 sino que ahora enfrentaba al capitalismo monopolista y al conjunto de los españoles, entre los que se encontraban juntos vencedores y vencidos. Nació así la llamada política de reconciliación nacional, que ha sido alabada y vituperada hasta el agotamiento. Reproducimos aquí el Manifiesto que fue aprobado en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en enero de 1960, que servía de introducción al nuevo Programa comunista, que incluía la política de reconciliación nacional, dando a conocer las razones que llevaron a la dirigencia comunista a impulsar este viraje político tan inseperado.

PROGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
El Programa del Partido Comunista de España define las aspiraciones inmediatas y los objetivos finales del Partido; presenta las soluciones de los comunistas a los problemas políticos y sociales, económicos y culturales del país.
Este Programa no es un conjunto de buenas intenciones sin base real, ni persigue simples fines de propaganda; es el fruto del estudio marxista-leninista de la realidad española y de las circunstancias internacionales que influyen en ella. El marxismo permite descubrir los procesos objetivos que tienen lugar en esa realidad social y fijar los fines del Partido en consonancia con esos procesos, es decir, sobre una base científica.
I
En los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en un país de nivel capitalista medio, pero con fuertes supervivencias feudales en su economía y en su superestructura. El capital extranjero detentaba posiciones clave en la economía española, que colocaban a ésta en una situación dependiente. Ambos factores combinados constituían un gran obstáculo para el progreso del país, ya que se traducían en el estancamiento de la agricultura y de otros importantes sectores de la economía, en el bajo nivel de vida de la mayoría de la población y, por tanto, en la estrechez del mercado interior, En esas condiciones era vano todo intento de industrialización.
A la revolución democrático-burguesa que en 1931 derribó la Monarquía correspondía históricamente eliminar esos obstáculos y despejar el camino para el desarrollo capitalista de España dentro del marco político de una República parlamentaria. Pero contra esta perspectiva se confabularon la aristocracia terrateniente, el capital financiero español, que había alcanzado ya relativa importancia, y el capital monopolista extranjero.
La debilidad de los gobernantes republicanos pequeño-burgueses y la política oportunista del Partido Socialista, a remolque de la burguesía liberal -política que impedía a la clase obrera desempeñar el papel dirigente en la revolución democrática, a lo que contribuía también la actitud del anarcosindicalismo- facilitaron la conspiración contra la República, que desembocó en el levantamiento fascista de julio de 1936 apoyado en la intervención armada de las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, y propiciado por la intervención indirecta de los Gobiernos imperialistas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
Pese a esta coalición de la contrarrevolución interior y del imperialismo internacional, el pueblo español no se resignó a capitular y empuñó las armas en defensa de la democracia y de la independencia nacional. La duración y el heroísmo de la lucha armada del pueblo, en condiciones sumamente adversas, reflejaron hasta qué punto había madurado en las masas populares la conciencia de la necesidad histórica de liquidar las supervivencias feudales y la dependencia del imperialismo extranjero, la necesidad de un desarrollo democrático e independiente de España. La derrota de la República cerró transitoriamente ese camino, pero no representó la simple vuelta al precedente tipo de desarrollo capitalista.
En el capitalismo español de antes de la guerra civil el capital monopolista tropezaba con grandes obstáculos para su expansión. El mercado interior era muy reducido, por las razones antes expuestas -derivadas, en lo esencial, del compromiso entre el capital financiero y la aristocracia terrateniente- ; por otra parte, el capital monopolista no disponía de más colonias que el pequeño protectorado marroquí y posesiones africanas de difícil explotación. El peso específico de la agricultura, de la industria ligera, en general de tipo medio y pequeño, y de la libre concurrencia, eran muy considerables. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una renta nacional muy baja y un ritmo de acumulación capitalista sumamente lento.
Para el capital monopolista era indispensable forzar ese ritmo, acelerar el proceso de concentración y centralización del capital; y, en aquellas condiciones de España, esto sólo podía lograrlo mediante la intervención drástica del poder público recurriendo al capitalismo monopolista de Estado. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer intento en esa dirección, pero la revolución de 1931 vino a interrumpirlo. La derrota de la República en 1939, permitió reanudarlo en escala mucho mayor.
El sistema llamado capitalismo monopolista de Estado significa la utilización a fondo del aparato estatal por los monopolios para intervenir la totalidad de la vida económica y política y asegurar a todo trance los altos beneficios del capital monopolista. Para conseguir esos fines no vacila en recurrir a medios ilegales, a la corrupción y la violencia, al terror y la guerra. En España, la instauración de la dictadura fascista y el estado de agotamiento en que quedaron las fuerzas obreras y democráticas, desangradas y desorganizadas por la derrota militar y la salvaje represión que la siguió, despejaron el camino a la oligarquía financiera permitiéndole aplicar ese sistema en sus formas más perjudiciales para las masas trabajadoras y las capas medias. Los principales procedimientos empleados en España por el capital monopolista, valiéndose del Estado fascista, han sido los siguientes:
En primer lugar, extremar la explotación de la clase obrera con las formas más reaccionarias e inhumanas; reducir su salario real al más bajo nivel de Europa; introducir diversos métodos, en particular complicadas formas de pago, para obligar al obrero a intensificar su esfuerzo físico y a producir más con un utillaje anticuado; prolongar la jornada de trabajo hasta diez, doce y más horas en los períodos de coyuntura económica favorable; dejar reducidos a los obreros a un salario base de hambre mediante la supresión de las horas extraordinarias, las primas y otras bonificaciones en los períodos de crisis, o lanzarlos al paro y a la miseria.
En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el envilecimiento de los precios agrícolas pagados al productor, la intervención en la comercialización de los productos del campo, tanto en el mercado interior como en el exterior, el crédito usurario, las múltiples cargas fiscales, los arriendos leoninos, etc. Y mientras se aceleraba, por éstos y otros medios, el proceso de expropiación de las masas campesinas y de concentración de la propiedad agraria, forzando el desarrollo capitalista en el campo por el camino más penoso para los campesinos, se protegía a los latifundistas absentistas, que iban transformándose cada vez más en financieros y monopolistas, sin dejar de ser aristócratas y terratenientes. A través de este proceso, la tela de araña del capital financiero se extendió a la totalidad del agro, sometiendo a su explotación no sólo a los campesinos pobres y medios, sino también a los ricos.
En tercer lugar, estrujar a las pequeñas y medias empresas industriales y comerciales recurriendo a la intervención de los precios, la distribución de las materias primas, el control del comercio exterior y del crédito, el aumento de los impuestos y otros procedimientos que, al mismo tiempo que permitían a la oligarquía financiera apropiarse una parte de los beneficios de esas empresas, forzaba la concentración monopolista en la industria y en el comercio. Víctimas de esos procedimientos, innumerables empresas pequeñas y medias han sido liquidadas y otras se han transformado en simples apéndices de los monopolios.
En cuarto lugar, condenar a un bajísimo nivel de vida a la gran masa de los funcionarios y empleados, maestros, médicos, profesionales de todo tipo e inclusive a parte considerable de los miembros de la Magistratura, de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.
Finalmente, como uno de los métodos más importantes, que ha acompañado inseparablemente a los anteriores, la inflación, con sus efectos de carestía crónica, de desvalorización continua de los ingresos de los obreros y campesinos y de los beneficios de la burguesía no monopolista. Cuando la evolución económica, nacional e internacional, ha hecho imposible continuar recurriendo a la inflación sistemática y en gran escala, la devaluación y la “austeridad”, se han encargado de perseguir, con otros medios, idénticos fines.
Así acumuló el capital monopolista los recursos que habría de invertir en sus empresas o en las empresas estatales que controlaba directa o indirectamente; así financió el mercado estatal -en el que los pedidos bélicos ocupan lugar preferente- encargado de garantizar a las empresas de la oligarquía la colocación ventajosa de una parte de su producción. Así se han realizado a través de los procedimientos sumariamente enumerados, cambios radicales en la distribución de la riqueza y de la renta nacional, pero no a favor de los más débiles, como prometió el franquismo, sino de los más fuertes, de la oligarquía financiera.
Ese desarrollo forzado del capitalismo monopolista, utilizando a fondo la palanca estatal, es lo que Franco y los panegiristas de la dictadura presentan como “revolución nacional” y “justicia social”, como “industrialización” de España y “dirección y planificación de la economía”, como plasmación de otros ideales no menos sonoros.
Pero la realidad es que España no ha dado ningún paso importante para liquidar su retraso crónico. Hoy, como hace veinte años, la mayor parte del equipo industrial tiene que seguir importándose del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de las cosechas. España no sólo ha quedado muy rezagada respecto a los países que han pasado al socialismo -la mayoría de los cuales estaban menos desarrollados cuando iniciaron su transformación-, no sólo se ha hecho mayor su atraso en relación con los países capitalistas más avanzados, sino que incluso países recién salidos del yugo colonial progresan a un ritmo mayor que el de España.
La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se propuso en ningún momento sacar a España de su atraso secular. Su móvil ha sido siempre asegurar a los monopolios la obtención de los máximos beneficios explotando a la clase obrera, expoliando a los campesinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar el potencial militar del país; según los planes estratégicos del Pentágono, con el designio de preparar la guerra contra los países socialistas. A eso y sólo a eso se han reducido sus móviles. El relativo desarrollo industrial que haya podido lograrse en algunos casos es una consecuencia y no un fin. La retórica acerca de la “industrialización” no tenía otra finalidad que revestir con colores patrióticos los más sórdidos intereses.
Los cambios operados en 1959 en la política económica de la dictadura equivalen al reconocimiento oficial del fracaso de la línea de “industrialización”, a la confesión de que por ese camino el país iba a la catástrofe económica. Sin embargo, la verdadera industrialización de España es mas necesaria y urgente que nunca pero no podrá llevarse a cabo mientras sea el capital monopolista quien dicte despóticamente su ley en la economía y en la política españolas.
En otros países, merced al más temprano y rápido desarrollo capitalista -determinado por el triunfo de las revoluciones burguesas- y a la colonización de otros pueblos, el capitalismo monopolista encontró amplía base para su expansión, y, durante cierto período, una parte considerable de la sociedad en las metrópolis, incluyendo algunos sectores de la, clase obrera se benefició con las migajas de fa explotación colonial.
En España, el capital monopolista tropezó con las desfavorables condiciones antes indicadas. Cuando, por fin, después de haber encontrado en la dictadura franquista el instrumento que necesitaba intentó apartar, a su manera, los obstáculos que impedían su expansión, halló un mundo muy distinto al que había soñado en 1936, al emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria de la coalición hitleriana, con la que esperaba abrirse camino a la expansión colonial en África y en América del Sur, se encontró con el derrumbamiento del sistema colonial del imperialismo; en vez de un sistema capitalista que, destruida la Unión Soviética, dominara de nuevo sin restricción sobre el orbe, se vio en un mundo capitalista debilitado, constreñido, en el que la encarnizada competencia intermonopolista hacía más ilusorias que nunca las esperanzas expansionistas del enclenque imperialismo español. Y ante éste no quedó otra salida que la que ha seguido: hacer de España misma su colonia, realizar a costa de las generaciones españolas que viven en el mundo del siglo XX, ya mediado, una acumulación capitalista que recuerda por su brutalidad e inhumanidad algunos rasgos de la “acumulación primitiva” realizada por el capital en otros países, siglos atrás, a costa de los campesinos y de los pueblos coloniales.
Así es como el capital monopolista pudo, durante algún tiempo, no sólo acumular e invertir capital en los sectores susceptibles de rendirle mayor beneficio, sino desarrollar cierto mercado en la esfera de los bienes de producción, valiéndose de los recursos del Estado y de que la gran producción industrial capitalista crea ella misma, hasta cierto límite, su propio mercado.
Otros factores contribuyeron también, transitoriamente, a ampliar el mercado, incluso el de artículos de consumo: las destrucciones causadas por la guerra civil, las necesidades congeladas por ésta y por la guerra mundial; la incorporación a la industria, como asalariados, de una masa importante de obreros agrícolas y campesinos pobres que antes se abastecían principalmente de su economía natural; y el crecimiento demográfico.
Pero los efectos de estos factores ampliativos del mercado se vieron contrarrestados poco a poco y, finalmente, rebasados por las consecuencias que para el nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias tenían los métodos de acumulación empleados; por la persistencia del estancamiento agrícola, derivado de las supervivencias feudales no liquidadas y por la acentuación de la dependencia del capital monopolista extranjero, principalmente del norteamericano.
De esa manera, el crecimiento de la capacidad productiva en una serie de ramas, aunque insuficiente para industrializar el país, fue, sin embargo, lo bastante grande para chocar de nuevo, como en las décadas anteriores a la guerra civil, si bien en grado mucho mayor, con la estrechez del mercado interior y la falta de mercados exteriores.
Por tanto, la causa inmediata de la grave crisis, que en 1959 se hizo del todo evidente, no es que en España.se consumiera demasiado, como decían las explicaciones oficiales, sino que se consumía demasiado poco, aunque esta realidad apareciera invertida, mistificada, por los efectos de la inflación. Y las motivaciones profundas residen en la naturaleza misma del sistema económico-social, cuyo rasgo más característico, como se deduce del análisis precedente, es que sobre la frágil base de una economía atrasada, con grandes supervivencias feudales, como sigue siendo la economía española, se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estructura monopolista.
Además de los efectos económico-sociales directos enumerados, ese sistema, sobre todo en las condiciones de la dictadura franquista, ha llevado a la creación de un enorme aparato burocrático, para regimentar y controlar la vida económica y política del país, así como al mantenimiento de una gran máquina militar y represiva. La enorme carga financiera que todo ello representa, incrementada por las obligaciones militares contraídas en los pactos con Estados Unidos, contribuye en medida considerable a obstruir toda vía de progreso económico.
Por otro lado, desde el momento en que para triunfar sobre el competidor hace falta contar con gran influencia sobre los órganos del Poder, el sistema del capitalismo monopolista de Estado significa el imperio de la corrupción en todas sus manifestaciones: el soborno de los ministros y de otros funcionarios, la contabilidad falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convierten en norma de la vida económica. Los escándalos que han jalonado la existencia del franquismo no son otra cosa que el pálido reflejo de esa situación, anclada en la naturaleza misma del sistema. Además de la descomposición moral que ello irradia a toda la vida nacional, entraña el despilfarro de grandes recursos y es un freno considerable para el progreso técnico, puesto que los beneficios de las empresas dependen más de su capacidad de maniobra en el engranaje de la corrupción imperante, que de la renovación del equipo técnico o de la mejor organización del trabajo.
A los factores expuestos, suficientes por sí solos para cerrar el camino a la industrialización de España, se agrega la imposibilidad de toda verdadera dirección y planificación de la economía. Dirección y planificación implican subordinación de los intereses privados al interés nacional, mientras que la intervención del Estado franquista supone sacrificar a los monopolios los intereses nacionales y sus principales representantes, los trabajadores, creadores directos de todas las riquezas.
Ni siquiera al precio de este sacrificio es posible la planificación de la economía porque el capitalismo monopolista de Estado, si bien liquida, en lo fundamental, la libre concurrencia, no pone fin a la concurrencia en general, sino que, por el contrario, la hace más enconada. Entre los monopolios y las empresas no monopolistas, y entre los mismos grupos y empresas monopolistas se libra una encarnizada lucha por el control del mercado, de las materias primas, de los resortes estatales. En cada momento, según quien domina en esa contienda, la “dirección” y la “planificación” tienen lugar en su beneficio. La consecuencia, en este sentido, es hacer aún más caótica la anarquía típica del capitalismo, cuya raíz está en la propiedad privada de los medios de producción. Ese conjunto de factores, al actuar en el marco de la débil economía española, ha originado las agudas deformaciones y desequilibrios, las crisis de superproducción y las convulsiones financieras, las crisis agrarias y comerciales que han ido produciéndose a lo largo del período franquista.
Pero, al forzar el proceso de concentración y centralización de la producción y del capital, al someter a la intervención y control del Estado toda la vida económica del país, el capital monopolista ha acentuado considerablemente el carácter social de la producción. El proceso productivo y distributivo aparece cada día más estrechamente unificado y controlado por el capital financiero. Y todo nuevo intento, por uno u otro medio, dirigido a acelerar el proceso de centralización y concentración -el “plan de estabilización” es uno de ellos- reforzará ese carácter social de la producción que, objetivamente, exige planificación y dirección, y por tanto entra en conflicto cada vez más agudo con el carácter privado, capitalista, de la apropiación, generador de la anarquía que imposibilita dicha planificación.
De este modo, la dictadura fascista de la oligarquía financiera que, según los ideólogos franquistas, iba a superar las contradicciones del capitalismo y a liquidar la lucha de clases, ha llevado en realidad a una profundización, sin precedentes en España, de la contradicción principal del capitalismo puesta al descubierto por el marxismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Ello ha tenido como consecuencia la exacerbación de los conflictos y contrastes que se derivan de esa contradicción principal: la concentración de la riqueza en un polo y de la miseria en, otro; el conflicto entre la ampliación de la capacidad productiva del país y la insuficiencia del mercado, limitado por la baja capacidad adquisitiva de las masas, las crisis económicas, etc.
Aunque las fuerzas productivas en España estén menos desarrolladas que en otros países capitalistas, chocan más radicalmente con las supervivencias feudales y el atraso general de la economía española, lo que hace más virulentos las contradicciones y conflictos engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando la necesidad objetiva de que los instrumentos básicos de producción, hoy en manos de los monopolios, pasen a ser propiedad de todo el pueblo; es decir, la necesidad objetiva de la transformación socialista de la sociedad española.
Ese conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual, la contradicción que se sitúa en el primer plano de la realidad económico-social, como se deduce de todo el precedente análisis, es la que opone los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente, monopolista, a los intereses económicos de las clases y capas sociales explotadas y expoliadas por aquélla, desde el proletariado a la burguesía no monopolista. Esta contradicción ha llegado a un punto crítico en el momento en que ve la luz el presente Programa y exige medidas que permitan superar, sin sacrificar al pueblo, la crisis actual, que no es sólo una crisis cíclica de superproducción, sino una crisis de estructura.
Si, como hemos visto, la ampliación -dentro de su persistente atraso- del potencial productivo ha chocado con la insuficiencia del mercado, la solución no puede ser, como pretende la oligarquía monopolista, destruir parte del aparato productivo, para que la parte restante, perfeccionándose, sea colocada en condiciones de competir en el mercado interior y exterior con los monopolios extranjeros. Semejante “solución” entraña para los trabajadores el paro y salarios de hambre, y para multitud de pequeños y medios industriales, comerciantes, artesanos y campesinos, la ruina y la proletarización. Pero, además, dado el atraso técnico de la producción española y la dominación de los grandes trusts internacionales en el mercado exterior, es ilusorio pensar que la generalidad de las empresas españolas supervivientes del “saneamiento” podrían conquistar “un puesto bajo el sol” de alguna importancia; en el mejor de los casos, su destino sería convertirse en apéndice de los trusts internacionales que ampliarían considerablemente su penetración en la economía española. En definitiva, incluso el insuficiente desarrollo industrial de los años pasados sería frenado y sustituido por una tendencia a la agrarización y a acentuar la colonización de España en beneficio del capitalismo monopolista internacional.
Frente a esa orientación de la oligarquía financiera, la única solución que corresponde a los intereses nacionales, coincidentes con los intereses de los trabajadores y de la burguesía no monopolista, es la ampliación del mercado interior y el acceso a nuevos mercados exteriores no dominados por los monopolios. Para conseguirlo es preciso la elevación del poder adquisitivo de los obreros y de las capas medias, el desarrollo de la agricultura y una industrialización inspirada en las necesidades reales del país.
Esto, a su vez, no puede lograrse sin la liquidación de las supervivencias feudales, la limitación del poder de los monopolios y una política de coexistencia pacífica y de relaciones económicas y culturales con los países socialistas.
II
El obstáculo esencial para que esas necesidades objetivas de la sociedad española se abran paso, para que puedan realizarse las medidas y reformas que exige la crisis del actual sistema económico-social, es el poder político de la oligarquía financiera, el Estado fascista del general Franco.
Pero al mismo tiempo que ha creado las condiciones materiales, económicas, qué exigen su desaparición, la dictadura fascista del capital monopolista ha desarrollado también las fuerzas sociales llamadas a realizar esa necesidad histórica.
Para asegurar la dominación absoluta de la oligarquía financiera, la dictadura fascista de Franco tuvo que recurrir desde, el primer momento al terror más bárbaro que recuerda la historia de España; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, incluidas las libertades autonómicas, y no sólo poner fuera de la ley a los sindicatos y partidos obreros y democráticos, sino incluso suprimir la existencia independiente de los partidos políticos que de manera más peculiar representaban a los grupos conservadores tradicionales.
La retórica falangista sobre la “democracia orgánica basada en las instituciones naturales” puesta en circulación, sobre todo, después que el hundimiento de las principales potencias fascistas aconsejó dejar de llamar a las cosas por su nombre, la escenificación teatral de las Cortes y de otros institutos del régimen, son la simple envoltura demagógica de la fría regimentación de toda la sociedad en el encasillado de la organización corporativa, bajo el mando arbitrario y despótico de los jerarcas, designados desde arriba y franqueados por la máquina policiaca de la dictadura.
Este régimen policíaco y terrorista ha ido acompañado en lo cultural por el imperio del oscurantismo, la vuelta a la milagrería medieval, la supeditación de la ciencia a los dogmas teológicos, la degeneración de todo el sistema de enseñanza, desde la escuela a la universidad, la decadencia de la investigación científica y el atraso técnico, el exilio forzoso o voluntario de muchos de los mejores valores de la Ciencia y la Cultura nacionales.
La misma debilidad interior que obligó a erigir el terror policíaco en norma de gobierno, obligó también al régimen franquista a convertir el vasallaje respecto a la potencia imperialista dominante en norma de su política exterior; primero fue Alemania,
luego Estados Unidos.
Y así la retórica imperial se tradujo en la subordinación servil a la potencia que en 1898 hizo la guerra a España para apropiarse los últimos restos del viejo imperio español. Además de remachar la dependencia con respecto al capital monopolista internacional -dependencia que se profundizaría si llegara a consumarse la integración en las uniones monopolistas de la Europa Occidental- esa política exterior, ha transformado España en una base atómica del Estado Mayor norteamericano, con evidente menoscabo de la soberanía nacional y grave riesgo para la seguridad del país.
Pero esa política de terror, de opresión, dé oscurantismo, de claudicación nacional, acompañada siempre de la más cínica demagogia, si bien ha permitido a la dictadura de Franco prolongar su dominación, ha engendrado y acumulado contra ella un enorme potencial revolucionario.
El pueblo español no podía resignarse y no se ha resignado jamás a la esclavitud fascista. El pueblo que dio al mundo los ejemplos de la Guerra de Independencia y de la revolución liberal de comienzos del siglo XIX; que a lo largo de éste tomó varias veces las armas en las guerras civiles y en las barricadas en defensa de la libertad; que en 1873 proclamó la primera República, en 1917 intentó de nuevo derribar la Monarquía y en 1931 lo logró, instaurando la segunda República; que durante cinco años luchó por afianzar el régimen democrático frente a la contrarrevolución fascista y en 1936 no vaciló en recurrir a las armas para defender la República y la independencia nacional, escribiendo durante tres años, las páginas más gloriosas de la historia contemporánea de España, este pueblo no podía avenirse a vivir bajo la dictadura fascista.
Desangrado por cien heridas -un millón de muertos en la guerra Civil, medio millón de exiliados, decenas de miles de presos, fusilados, torturados, asesinados- el pueblo español sufrió años de agotamiento y postración pero poco a poco fue recuperando sus fuerzas y la confianza en ellas. Las luchas guerrilleras de los primeros años, prolongación de la guerra civil y expresión española de la guerra mundial antifascista; los movimientos de masas que se iniciaron después; la hábil utilización de las posibilidades y organizaciones legales, combinada con la acción clandestina; las huelgas económicas y las jornadas nacionales de protesta, las huelgas políticas, han ido jalonando el despertar combativo del pueblo español, de nuevo en pie, en marcha hacia la libertad.
Al mismo tiempo, los cambios históricos operados en la situación internacional; la correlación de fuerzas cada día más favorable al campo del socialismo, a los pueblos que se liberan del yugo colonial y a los defensores de la paz y la democracia en el mundo entero, representan una ayuda creciente a la lucha del pueblo español contra la dictadura fascista.
Durante un período, el franquismo contó con cierto apoyo o con la neutralidad de sectores de las clases medias, urbanas y rurales, que se dejaron seducir por las promesas y atemorizar por la aparente fortaleza de la dictadura. Pero poco a poco dichos sectores fueron comprobando que el franquismo hacía la política más conveniente para los intereses del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente. Al mismo tiempo fueron percatándose de que la dictadura no era tan fuerte como parecía. La naturaleza de clase del régimen franquista y su debilidad interna se fueron haciendo más evidentes.
El proceso más arriba descrito, de expansión del capital monopolista a costa de la reforzada explotación de la clase obrera y de la expoliación de las capas medias, campesinas y urbanas; a costa también de los intereses de la burguesía no monopolista, tuvo repercusiones cada vez más netas en la conciencia de las clases y sectores sociales lesionados, traduciéndose en hostilidad política contra la dictadura. Los métodos despóticos, arbitrarios y terroristas de ésta chocaban cada vez más con la repulsa de la gran mayoría de la población y, al mismo tiempo, se mellaban, no sólo porque el pueblo perdía el miedo, sino porque el ambiente general antifranquista contagiaba a los mismos órganos represivos del Estado.
La inmensa mayoría de los que habían combatido junto a Franco no por eso resultaban menos perjudicados por los monopolios y aprendían en la realidad cotidiana que los que habían ganado la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalistas y la aristocracia terrateniente. Fueron restañándose las heridas y relegándose al olvido los odios abiertos por la guerra civil entre sectores del pueblo, debido a que una parte de éste, engañada o forzada, sirvió de instrumento al franquismo para la lucha contra la otra parte.
Lo esencial, para cada uno, pasó a ser su posición social frente a los monopolios, y no el bando en que combatiera durante la guerra civil. A este proceso contribuyó poderosamente el papel creciente desempeñado en la sociedad por las jóvenes generaciones no participantes en la guerra, que han llegado a constituir la parte más activa, política y socialmente, del pueblo. Para estas generaciones es más fácil ver la guerra civil como un hecho histórico y percibir que hoy la divisoria de la sociedad española no pasa por las trincheras de la guerra, sino entre la oligarquía monopolista y el resto de la población.
A medida que se hacía más pesado el yugo de la oligarquía monopolista en el terreno económico-social, a las distintas clases y grupos sociales les resultaba más insoportable la opresión política, la privación de libertades, y más apremiante la necesidad de disponer de organizaciones políticas y profesionales propias para defender sus intereses.
El sentimiento nacional y la aspiración de recobrar las libertades autonómicas perdidas fue renaciendo en Cataluña, Euzkadi y Galicia frente a la opresión del ultracentralista y burocrático Estado franquista.
En el curso de todo ese proceso iba cristalizando en la conciencia de muchos españoles, como reacción frente a siglo y medio de incesantes guerras civiles, la imperiosa necesidad nacional de instaurar un régimen de convivencia cívica que abriese cauce, sin nuevos baños de sangre, al renacimiento de España.
En resumen, antes hemos visto cómo en la base económica de la sociedad española la dominación del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente ha entrado en profunda contradicción con las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora vemos cómo esa contradicción ha ido reflejándose, en distintas formas, en la conciencia de vastos sectores, y repercutiendo en el terreno político. Así se ha situado en el primer plano, no sólo de la economía, sino de la conciencia de las masas y de la lucha política, la contradicción que divide a la España de hoy en dos campos opuestos:
A un lado, la oligarquía financiera, monopolista, que incluye a la aristocracia terrateniente absentista, con su instrumento de Poder, la dictadura fascista del general Franco.
Al otro, la inmensa mayoría de los españoles: obreros, industriales y agrícolas; campesinos medios, pobres y ricos; burgueses pequeños y medíos de la Industria y del comercio; intelectuales, funcionarios, etc.
Subsisten en éste segundo campo las contradicciones, antagónicas por su esencia de clase, entre proletariado y burguesía no monopolista, entre obreros agrícolas y campesinos ricos, pero los intereses comunes engendrados por la opresión del capital monopolista se adelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la necesidad de un compromiso político para la lucha común contra la dictadura del general Franco que abra el camino a un régimen democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se inicie la recuperación económica y cultural de España.
Las mismas contradicciones básicas que han hecho nacer y desarrollarse las tendencias a la reconciliación nacional de signo democrático, han determinado la descomposición de las fuerzas sociales y políticas de la dictadura. Son dos aspectos de un mismo proceso.
Falange murió como partido de masas -sin haberlas tenido nunca en abundancia- y quedó reducida a un esqueleto burocrático, carcomido por luchas de capillas y personas. Los intentos de vitalizar el “movimiento” han fracasado sin remisión. La sorda lucha entre el Opus, los restos del naufragio falangista, la fracción monárquica franquista, los ultras católicos y el carlismo, tal es la desgarrada realidad de ese “movimiento” que Franco trata, vanamente, de recomponer. Esta descomposición política de la dictadura tiene manifestaciones cada día más profundas en las instituciones que han sido su soporte esencial: la Iglesia, el Ejército y los órganos de represión.
Para defenderse, la dictadura, auxiliada en esta tarea por los servicios propagandísticos, diplomáticos y secretos de las potencias imperialistas que la protegen, concentra sus esfuerzos en impedir por todos los medios que cristalicen y adquieran expresión política concreta las tendencias objetivas de reconciliación nacional, anti-franquista y democrática. Y el recurso principal de que se vale es fomentar el anticomunismo en las filas de los partidos y organizaciones de la oposición, agitar el falso dilema de: “Franco o comunismo”.
La política de reconciliación nacional del Partido Comunista se apoya en las indicadas tendencias objetivas que impulsan el entendimiento de todas las fuerzas de oposición y determinan la creciente descomposición del franquismo. La finalidad esencial de esta política es facilitar la unidad y la acción común del máximo posible de fuerzas contra la dictadura; aprovechar todas las disensiones y fisuras que se manifiestan entre los elementos franquistas. Con esta táctica el Partido Comunista trata de lograr la liquidación de la dictadura y el tránsito a la democracia de la manera más pacífica posible, con el menor quebranto para el pueblo.
En el conjunto de fuerzas sociales que luchan por la democracia la principal es la clase obrera, a la que el mismo proceso de concentración del capital fortalece numéricamente y ayuda a organizarse, concentrándola en grandes empresas, mientras que las clases y grupos sociales intermedios entre ella y la oligarquía monopolista, sufren un constante proceso de disgregación, La clase obrera es, además, la más consecuente en la lucha por la democracia, porque tanto para defender sus intereses inmediatos de clase, como para cumplir su misión histórica -la transformación socialista de la sociedad- le conviene el desarrollo ininterrumpido de la democracia hasta que maduren las condiciones para el paso de la democracia burguesa a la democracia socialista. En cambio, las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas interesadas en la democracia son esencialmente vacilantes cuando se trata de instaurarla y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia histórica y, en particular, la experiencia de la segunda República española. Por otra parte, coincidiendo sus intereses como clase con las tendencias objetivas del desarrollo histórico, la clase obrera es la única que puede dar a su lucha un fundamento científico, la única capaz de utilizar plenamente las posibilidades de previsión que proporciona la ciencia marxista-leninista.
Por las razones expuestas, la clase obrera es la fuerza más cohesionada, más organizada, más revolucionaria, en mejores condiciones objetivas para dirigir la lucha de todo el pueblo por la transformación democrática de España. De ahí se deriva el papel de vanguardia que corresponde al Partido Comunista, como partido de la clase obrera, papel que la práctica de la lucha social y política en la España actual ratifica a cada paso.
Por su número y por el peso específico de la agricultura en la economía española, los campesinos constituyen, después de la clase obrera, la fuerza social más importante de la revolución. La explotación de que son objeto por parte de los terratenientes y del capital monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados más próximos de la clase obrera. Sin ellos no es posible la victoria de la democracia hoy, ni del socialismo mañana.
Tienen asimismo gran importancia como aliados de la clase obrera las capas medias urbanas que sufren también la opresión de la oligarquía financiera y, en particular, la intelectualidad que, en la medida en que es consciente de su misión al lado del pueblo, está llamada a desempeñar un papel ideológico y político de primer orden.
Por eso en el Partido Comunista se agrupan no sólo las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, sino también de la intelectualidad, de los campesinos y de las capas medias. Y en el Programa del Partido Comunista no se incluyen solamente las reivindicaciones obreras, sino además las reivindicaciones específicas de esas clases y grupos sociales en los que la clase obrera ve sus aliados naturales.