Gobierno Provisional de septiembre de 1868, en el que Manuel Ruiz
Zorrilla fue ministro
Manuel Ruiz Zorrilla, nacido
en El Burgo de Osma (Soria), fue uno de los últimos representantes del viejo
liberalismo progresista decimonónico; cuando la Restauración devolvió el trono
a los Borbones y se cimentó el nuevo régimen sobre la corrupción, el caciquismo
y el turnismo, cuando la integridad personal y la lealtad a los principios
dejaron de ser la norma de los políticos, Manuel Ruiz Zorrilla se mantuvo
incólume desde su largo exilio en París de un cuarto de siglo para cumplir su
promesa de no volver a España hasta que no hubiera República. Firme siempre a
su ideario ciudadano, apoyó con entusiasmo a Amadeo de Saboya y sustentó la
República cuando comprobó el fracaso de una monarquía democrática en nuestro
país. En 1881, cuando su viejo enemigo Sagasta dictó la libertad de partidos
como presidente de un gobierno de la monarquía, levantó de nuevo la bandera del
Partido Radical e hizo público un manifiesto, que ahora reproducimos, con las
firmas de aquellos que ratificaron su fidelidad a Ruiz Zorrilla y al radicalismo republicano; entre ellos,
un alcarreño: Juan Felipe Sendín, que aunque se presenta como delegado por
Cuenca, había nacido y mantenía sus raíces en la villa de Alcocer.
CIRCULAR
Los demócratas progresistas que suscriben en la representación
que al final se expresa, y cuyos principios políticos son harto conocidos para
que sea preciso repetidos una vez más, se creen, no obstante, en la ineludible
obligación de manifestar lealmente á sus amigos y correligionarios su
pensamiento y su actitud respecto á determinados puntos de doctrina, de
conducta y de tendencias que han dado motivo á hechos de trascendencia suma en
el seno de su partido
Seremos breves, pero seremos explícitos; nuestra conciencia
nos impone este deber, la opinión pública lo reclama, y cualquier linaje de
confusiones fuera á todas luces funesto para el triunfo de los grandes ideales
de la democracia española.
Haremos constar ante todo, á fin de evitar malas inteligencias
ó torcidas interpretaciones, que nuestro ideal político en cuanto á forma de
gobierno es de hoy para siempre la república; bandera que ya podemos levantar,
merced á la justicia del Gobierno, que al suprimir aquella pasada distinción de
partidos legales é ilegales ha abierto ancho campo á la propaganda pacífica de
todas las escuelas políticas y de todas las ideas.
Y hecha esta primera declaración, debemos proclamar muy
alto que rechazamos, no sólo todo principio quo directa ó indirectamente
pudiera acercarnos á cualquier partido federal de los que hoy existen, sino
todo sistema de federación más ó menos artificioso y velado que en lo futuro intentara
crearse dentro de la actual nacionalidad española; y que no sólo rechazamos hoy
los principios sospechosos de contagio federal, sino las tendencias, las
aproximaciones y las complicidades hacia una idea y con una doctrina que consideramos
funestas para la libertad democrática y para la unidad de la nación. De toda
idea federal nos separa un abismo: abismo que jamás salvaremos, porque para cruzar
por encima de sus profundidades habría que colmarlas, y la experiencia nos
prueba que sólo pueden colmarse con ruinas y vergüenzas de la patria.
Así es que si somos y hemos sido siempre partidarios resueltos
de la descentralización provincial y municipal en el orden administrativo y en
el orden económico, no aceptamos ni para el municipio ni para la provincia
ningún género de autonomías que con apariencias y halagos de nuevos derechos y
nuevas libertades vengan á ser, en el fondo, la negación de los derechos del individuo,
conquista soberana de la democracia moderna, y vengan á ser, sobre todo,
gérmenes de pequeños estados federales, ya que no de futuros cantones. Entre el
Estado que ampara el derecho y el ciudadano que lo ejercita, no admitimos
unidad autonómica que lo desvié, lo merme ó lo adultere.
En cuanto á principios, sin ofensa de ninguna otra
opinión, que todas las respetamos, esta es la nuestra, honradamente sentida y
lealmente dicha.
Respecto á conducta, entendemos que sólo es aceptable
aquella que se amolda á los eternos principios de la moral, del derecho y de la
justicia. Donde los Gobiernos dan libertad de propaganda; donde ofrecen campo y
condiciones de vida á la lucha legal; donde abren camino á todas las ideas sin
exclusiones irritantes ni odiosos privilegios, creemos y afirmamos que la revolución
no es lícita, aún en el caso de que fuese posible. Respetamos la opinión de los
que de otro modo piensen, que en estas materias la conciencia es juez supremo
para todo hombre; pero la nuestra nos dice que la lucha material no es legítima
sino cuando la lucha moral es imposible, y fuerza es que hagamos público este
nuestro sentir, para que todos juzguen y la nación sentencie.
Por otra parte, seria insensata arrogancia la de cualquier
agrupación que llegase á pensar, y concluyese por creer, que en sí encerraba la
totalidad del país, y todas sus conciencias, y todas sus voluntades. Los
partidos son fuerzas organizadas para las luchas políticas; pero sobre ellos
está la nación: pueden y deben aquellos realizar la voluntad de ésta; no pueden
imponer la suya propia; cuando hay acuerdo entre ambas y la lucha estalla,
llámase revolución; cuando no la hay, todo acto material no pasa de repugnante motín
ó de triste pronunciamiento.
No se agiganten, pues, los partidos, por grandes y
nobles que sean, al calor do sus pasiones y al estímulo de sus intereses, ni
lleguen á creer, de puro abultados á sus propios ojos, que son la patria toda; porque
el desengaño sería triste y el mal para la democracia más triste todavía.
Estos sencillos principios, expuestos en toda su claridad,
son los que han de determinar nuestra conducta. Lucharemos como legales,
mientras el campo de la legalidad nos esté abierto; acataremos de hecho lo que
la opinión pública exija, sin perjuicio de procurar por una propaganda
constante y enérgica hacerla nuestra; y en cuanto á este y á todos los Gobiernos,
nuestro aplauso será entusiasta é incondicional para las reformas democráticas,
imparcial nuestra crítica en los actos dudosos, severas y enérgicas nuestra
oposición y nuestra censura en toda tendencia ó medida reaccionaria.
No haremos, pues, esa política pesimista que busca el
bien por el exceso del mal; que se coaliga con partidos lejanos para arruinar
los próximos y que profesa aquella funesta doctrina que el fanatismo religioso
inspiró á determinadas clases, doctrina condenada en aquella célebre y
repulsiva máxima que santifica por el fin los medios empleados; no somos, en
verdad, jesuitas de oratorio, no queremos tampoco ser jesuitas de barricada.
De lo dicho se desprende lógicamente cuál ha de ser la
norma de nuestro partido en sus relaciones con los demás.
Por desgracia para la política española, turbando el
orden universal, y como excepción á toda ley atractiva, ha imperado siempre, al
menos en los hechos, el odio entre los partidos afines, la tolerancia, cuando
no la simpatía, entre los partidos distantes.
Nosotros rechazamos esta conducta, resultado de un mal
entendido utilitarismo político, bajo el cual hierven pasiones bastardas y
egoísmos funestos: para nosotros los más próximos serán los más simpáticos, los
más distantes aquellos que con más energía combatiremos: y el grado de
alejamiento o de aproximación estará medido, no por nuestros rencores ó
nuestros despechos, sino por la mayor ó menor identidad en las ideas.
Tales son nuestras declaraciones, que vamos a resumir rápidamente.
Una república liberal, como forma de Gobierno: la
Constitución de 1869 en su interpretación propia, que es amplia y progresiva,
como modelo inmortal de código político: la negación más absoluta á todo grado
ó tendencia de federalismo, como límite de nuestra izquierda: la lucha pacífica
y legal, como medio de propaganda, mientras el campo de la legalidad esté
abierto: la justicia como regla de conducta para con los gobernantes: la ley de
afinidad y de aproximación como ley única en nuestras relaciones ó alianzas con
los demás partidos; y el triunfo de la verdadera doctrina democrática, que es
la que concede mayor suma de libertades al individuo, como aspiración suprema y
constante tendencia.
Creyendo que estas son interpretaciones fieles de los
principios que profesamos y que ha profesado siempre nuestro partido, tenemos
el honor de dirigirnos á ese Comité, rogándole que nos manifieste si está
conforme con las ideas, con las doctrinas y 3on las aclaraciones que se
consignan en esta circular, que son las únicas á que prestamos acatamiento, porque
arrancan de lo más profundo de nuestra conciencia, y nos son impuestas, no por
pasiones, aunque nobles transitorias, sino perjuicios severos y definitivos de
nuestra razón.
Luis Felipe Aguilera, diputado á Cortes, Antonio Barroso,
representante de Córdoba, Octavio Cuartero, representante de La Democracia, de
Albacete, José Echegaray , representante de Lérida, Enrique Fernández Alsina,
diputado á Cortes, José Gallego Díaz, representante de Jaén, Alejandro González
Olivares , representante de Pontevedra, Wenceslao Martínez, representante de La
Enciclopedia, de Sevilla, Cristino Martos, representante de Madrid y diputado
á Cortes, Manuel Merelo, representante de Ciudad-Real y senador, Eugenio
Montero Ríos, diputado á Cortes, José Montero Ríos, senador, Juan Montero Telingo,
representante de La Coruña, Vicente Morales Díaz, representante de Toledo, J. Millán
Astray, representante de El Telegrama, de La Coruña, Tomás María
Mosquera, senador, Eugenio de Olavarría, representante de La América, de
Madrid, Francisco de Asís Pacheco, representante de Tarragona, El conde de Rius,
diputado á Cortes, Emilio Reus Bahamonde, representante de Alicante, Vicente
Romero Girón, senador, Gaspar Rodríguez, representante de Pontevedra y de El
Brigantina, de Ferrol, Juan Ángel Rosillo, representante de Santander, Juan
Ruiz de Castañeda, representante de La Fraternidad, de Daimiel, Juan
Felipe Sendin, representante de Cuenca, Enrique García Alonso, representante
del Diario Democrático de Tarragona
(La Iberia, 9 de noviembre de 1881)
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