Programa electoral municipal del PCE en 1983

Las elecciones legislativas de octubre de 1982 supusieron una profunda recomposición de los segmentos de la izquierda política y social, que alteraba definitivamente la correlación de fuerzas entre las distintas organizaciones y corrientes de la izquierda marxista. El PSOE se convirtió en la fuerza hegemónica de las tendencias progresistas, la extrema izquierda certificó su declive y el PCE dilapidó en buena parte el capital político y humano atesorado durante el Franquismo. En la primavera de 1983 se celebraron elecciones municipales y el PCE mostró la irreversibilidad de su decadencia y volvió a equivocarse basando su campaña en el cambio que habían vivido los ayuntamientos en los últimos cuatro años, sin darse cuenta de que el electorado asociaba “el cambio” con el PSOE. Los socialistas aumentaron su poder municipal que, en muchos casos, no precisaba el apoyo de los comunistas. Hoy, treinta años después, reproducimos el Programa Electoral del PCE para esas elecciones municipales de 1983.

Propaganda del PCE, Elecciones municipales 1983 (Archivo La Alcarria Obrera)

 

Nos presentamos a las elecciones con un bagaje importante. Desde 1979, los Ayuntamientos están cambiando con nosotros. Hemos sido una fuerza impulsara del urbanismo democrático, de la innovación en la sanidad, en la educación y en el desarrollo de los transportes públicos, de la intervención de los Ayuntamientos como representantes de sus vecinos en temas como el desempleo y, en fin, como garantes de que se ha comenzado a devolver a los ciudadanos el control de pueblos y ciudades que les habían arrebatado hace tantos años.

Ahora queremos defender lo avanzado y conquistado en estos años, pero también ir mucho más allá. Queremos para los Ayuntamientos nuevas y más amplias competencias, porque, en nuestra opinión, en el Ayuntamiento es más fácil la participación popular y el control democrático, con mayor participación y control se gobierna y se gestiona mejor.

Nuestras propuestas son realistas y no suponen un aumento del gasto público, sino la más amplia descentralización, coherente con la defensa decidida que siempre hemos hecho del Estado de las autonomías que configura nuestra Constitución.

Estamos convencidos de que la labor de tantos miles de concejales y de centenares de alcaldes durante estos cuatro años avalan nuestra esperanza de obtener una recuperación clara de voto comunista. Pero tenemos más razones.

En primer lugar, el deseo de mantener y ampliar la experiencia de los gobiernos de izquierda en la mayoría de los Ayuntamientos. La conjunción de las distintas fuerzas ha permitido que cada una de ellas demos lo mejor. Con ello es legítimo decir que el cambio democrático empezó en España ya en 1979, con la constitución en los Ayuntamientos de mayorías de izquierda.

Si mantenemos nuestra presencia en los Ayuntamientos seremos un factor de respaldo al proceso de transformación y cambio democrático en nuestro país. Frente a las presiones de la derecha, queremos aportar nuestro esfuerzo para conseguir este objetivo sin limitaciones y sin retrocesos, en el campo de la paz y de la neutralidad de España, de la lucha prioritaria contra el desempleo, de todas las libertades democráticas, la posición que mantenemos los comunistas, y que estamos convencidos de que es la de sectores mayoritarios de la población, coincidente con la total dimensión del cambio democrático.

Desde hace muchas décadas, todas las luchas por la libertad, todos los avances democráticos han contado con nosotros, que ahora seguimos dispuestos a participar en el avance hacia objetivos más amplios.

Somos un Partido abierto a todos e interesado en ayudar al diálogo democrático de la sociedad española, que buscamos que se gobierne no sólo mejor, sino de manera distinta.

Contribuiremos a la recuperación y desarrollo de los movimientos sociales, de todas las formas de organización de los ciudadanos en el plano sindical, ciudadano, feminista, por la paz, con los nuevos sectores que defienden la integridad de los recursos naturales y nuevas formas de las relaciones humanas.

Desde nuestra Conferencia Nacional en diciembre de 1982, hemos comenzado a poner en práctica estos propósitos renovados, corrigiendo cuantos errores hemos descubierto colectivamente en nuestro trabajo. Estamos orgullosos de que, como respuesta a ello, en estos momentos ya han vuelto a nuestras filas o han ingresado en ellas por primera vez algunos miles de mujeres y hombres que estamos seguros se multiplicarán en un futuro inmediato.

Es mucho lo que se ha conseguido en la transformación democrática de España con nosotros. Ayúdanos a seguir. Vota nuestras candidaturas.

CONTINUAR LA LABOR EMPRENDIDA

La labor que hemos llevado a cabo en los municipios, en el gobierno conjunto de la izquierda, ha sido positiva. Hemos conseguido poner al servicio de los intereses de la población el control del desarrollo de los pueblos y ciudades, desarrollo que durante tanto tiempo ha permanecido al servicio de especuladores e intereses particulares.

QUEREMOS AYUNTAMIENTOS INTEGRADOS

Queremos que los problemas sociales empiecen a abordarse desde los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la población. Resolver los problemas sociales a partir de ellos es un primer eslabón en la tarea de profundizar la democracia. Aquí comienza el camino hacia la mayor descentralización y la participación popular.

Queremos solucionar, tanto los problemas que preocupan de una manera tan relevante y cotidianamente manifiesta, como es el caso del desempleo, como aquellos cuya importancia permanece más latente, pero que son de la misma manera injustos e inhumanos; tal es el caso de las discriminaciones sexistas, étnicas, por minusvalías físicas o psíquicas, etcétera.

Queremos crear puestos de trabajo. Vamos a llevar al Gobierno las cuestiones que los vecinos plantean, como es en estos momentos la celebración de un referéndum sobre su deseo de adentrarse o salir de la OTAN.

NI AYUNTAMIENTOS MARGINADOS NI BARRIOS MARGINADOS

Queremos Ayuntamientos igualitarios, que se distribuyan equitativamente los bienes y servicios, acabar con la marginación de los barrios periféricos, posibilitando el acceso a los servicios y dotaciones públicas a todos los vecinos.

Se atenderá de forma especial, en zonas rurales con pequeños núcleos de población, la dotación de equipamientos comarcales o subcomarcales, gestionados de forma mancomunada por los Ayuntamientos.

¡NO CONSTRUYAMOS PARA DESTRUIR! CONTINUAREMOS LA PLANIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DE NUESTROS MUMICIPIOS

Hay que armonizar la ciudad, aumentar la calidad de vida, planificando el crecimiento y ordenación urbanística de las ciudades, recuperando el patrimonio urbano y natural, preservarlo de intereses especulativos y ponerlos al servicio de todos los ciudadanos. Mantener y cuidar nuestros pueblos con su gente, dotarles de medios para que no tengan que desplazarse a la ciudad (trabajo, centros de cultura y salud, etcétera).

¡No queremos ciudades entre cuyos muros nazcan seres marginados, que se críen en su deficiencia de habitabilidad! Hay que aumentar las zonas peatonales, recuperar los centros históricos, conseguir ciudades cuyos espacios libres, no urbanizables, no sean un residuo o motivo de especulación, sino lugares de expansión, de vida, de convivencia, integrados en los barrios.

Potenciaremos el planeamiento y la gestión urbanística municipal y comarcal, con el fin de controlar el desarrollo de las ciudades y pueblos, mejorar las comunicaciones, acabar con la contaminación.

UNA VIVIENDA DIGNA PARA CADA FAMILIA. ¡MANTENDREMOS A RAYA LA ESPECULACIÓN!

Proponemos la creación de 25.000 viviendas de promoción municipal, 15.000 de ellas para la venta y 10.000 para alquiler, que se sumarán a las construidas por las Comunidades Autónomas con participación de los Ayuntamientos respectivos.

Se tendrá en cuenta la localización, ritmo de construcción y características de las viviendas a construir, garantizando niveles de calidad constructiva y arquitectónica, respetando el entorno urbanístico. Asimismo, se promoverá la rehabilitación de las zonas degradadas en los centros históricos de los municipios, no sólo para preservar el patrimonio cultural, sino para evitar la expulsión de las clases populares de los barrios centrales en aras de la especulación.

En los municipios rurales se posibilitará la oferta de suelo municipal a bajo precio, reversible a largo plazo al Ayuntamiento, para la construcción de vivienda propia con facilidades para la realización de los proyectos a través de servicios mancomunados. Para todo ello, promoveremos la creación de Empresas Municipales de Vivienda que asuman la construcción y gestión de las viviendas para venta o alquiler y las operaciones de rehabilitación.

En todos los municipios habrá un Registro Municipal de Viviendas vacantes, para posibilitar la progresiva puesta en venta o alquiler de las mismas.

Los Ayuntamientos deberán recibir las transferencias de fondos necesarias de los Presupuestos Generales del Estado para realizar esa importante labor social.

UN TRANSPORTE PUBLICO EFICAZ, CÓMODO Y BARATO

La ordenación del tráfico exige la potenciación del transporte público. Para ello, propugnamos mejorar la comodidad y rapidez de los transportes, garantizando que las tarifas no excedan en ningún caso el 70 por 100 del coste del servicio. La cobertura del déficit resultante estará regulado por una Ley de Financiación del Transporte Público a través de las finanzas, liquidándose las deudas acumuladas por las Empresas Municipales del Transporte y del Metro de Madrid, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 1983. Todo el transporte urbano e interurbano entre las grandes ciudades y su área metropolitana serán competencia municipal. Con ello se propiciará la implantación de billetes combinados, mejorando y abaratando el servicio para el usuario.

¡CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE!

Vamos a continuar intensificando la creación de zonas verdes en ciudades y pueblos, equipándolos para que constituyan lugares de expansión y de convivencia, recuperando sistemáticamente incluso los pequeños espacios marginales e incrementando los planes de reforestación urbana con especies adecuadas al medio.

Desarrollaremos planes específicos anticontaminación, colaborando los Ayuntamientos con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Industria para la revisión de vehículos Diesel, de las calefacciones (subvencionando las posibles reparaciones o reconversiones), así como los combustibles utilizados, promoviendo paralelamente la máxima utilización de la energía solar.

Vamos a seguir prestando una atención fundamental a la defensa de los recursos naturales, especialmente al problema del agua, promoviendo Planes Integrales de Saneamiento, que permitan la depuración y máximo aprovechamiento de las aguas residuales, así como la completa municipalización de los servicios de agua con fórmulas mancomunadas si es necesario.

Los Ayuntamientos promocionarán y apoyarán a las entidades y movimientos ecologistas, favoreciendo su participación en todos los planes y acciones relacionados con el medio ambiente.

QUEREMOS MEJORAR LA EDUCACIÓN

Invertir en educación es apostar por el progreso, por el desarrollo económico y cultural. Propugnamos un fuerte aumento de los recursos destinados a educación, desde un 14 a un 25 por 100 de los Presupuestos Generales del Estado en los próximos cuatro años. Con este nuevo margen presupuestario:

Se construirán un millón de puestos escolares de iniciativa pública, distribuidos de la siguiente forma:

- 300.000 puestos de escuela infantil de gestión municipal, gratuita, no obligatoria, para niños de cero a tres años.

- 250.000 puestos de preescolar de cuatro a cinco años, gratuita y obligatoria.

- 100.000 puestos de EGB.

- 350.000 puestos de BUP-FP, con el fin de escolarizar completamente a todos los jóvenes hasta dieciséis años, con carácter obligatorio y gratuito, en la perspectiva de la ampliación hasta los dieciocho años.

Este importante esfuerzo presupuestario deberá complementarse con un profundo proceso de descentralización del sistema educativo, que implica la asunción de importantes competencias de gestión por los Ayuntamientos:

a) Será de competencia municipal la construcción de todo el equipamiento escolar, individualmente o de forma mancomunada.

b) Asimismo, distribuirán al alumnado al inicio de curso, participarán en los Consejos de Dirección de los Institutos de BUP-FP, en el control de las subvenciones a los Centros privados y, en su caso, en los Consejos Sociales Universitarios.
c) Se desarrollará una amplia oferta de actividades complementarias (conocimiento del entorno, granjas-escuela, etcétera) y culturales.

d) Se promoverá la investigación pedagógica a nivel de la escuela y el municipio.

e) Se creará una red de gabinetes multiprofesionales de gestión municipal, conectados a los Centros de Salud, que coordinen la actividad de los psicopedagogos de centro.

f) Deberán pasar a competencia municipal los servicios escolares básicos (salud, comedor, transporte, administración de los centros, asistencia social, etcétera).

g) Se promocionará la organización e intervención de padres, alumnos y profesionales; su formación e información que permita una participación más eficaz.

Propugnamos la realización de un Plan de Erradicación del Analfabetismo Adulto y de formación permanente cultural y profesional, que alcance a un millón de adultos en estos cuatro años.

Asimismo, se desarrollará un sistema eficaz y diverso de educación a distancia que integre tanto medios audiovisuales, radiofónicos e impresos, como el profesorado necesario.

DIFUNDIREMOS LA CULTURA

El arte de vivir se fomenta con la cultura, con nuestra relación diaria con ella. Queremos dotar de medios culturales a los ciudadanos para fomentar la inquietud cultural y una mayor realización a través de la cultura.

Esta gestión cultural será democrática y participativa, libre de dirigismos. Se tratará de desarrollar las máximas posibilidades de autogestión por parte de entidades, grupos y clubs.

Promocionaremos y apoyaremos el asociacionismo cultural con publicidad, medios económicos e instalaciones, utilizando para la difusión cultural los medios de comunicación municipales (boletines, periódicos, murales, etcétera).

Con este fin, queremos construir 500 casas municipales de cultura, que sean lugares de creación, participación y difusión cultural; de modo que exista una al menos por cada 50.000 habitantes en las grandes ciudades, así como en los municipios de 10.000 a 50.000. Estarán situadas en los núcleos y barrios peor dotados; junto a ello, se utilizarán todas las instalaciones públicas adecuadas existentes en el término municipal (colegios e institutos públicos fuera de las horas lectivas, locales municipales, auditorios y templetes, etcétera). En los municipios menores de 10.000 habitantes contaremos con un centro cultural que desarrollará sus actividades en instalaciones propias o en los locales públicos disponibles.

En estos municipios, pero sobre todo en los núcleos rurales dispersos, complementaremos la utilización de los recursos propios con un servicio de bibliobuses dependientes de la Diputación o Comunidad Autónoma, con medios de proyección, audición, biblioteca, etcétera, así como con actividades que se desarrollen desde centros comarcales que mantendrán una actividad cultural en todos los municipios.

Promoveremos la creación de Museos Municipales para recuperar y exponer el legado cultural local, ligados a la actividad escolar, cultural, turística, etcétera, del municipio.

Exigiremos del Gobierno el desbloqueo para la creación de emisoras municipales de FM.

Atenderemos de forma especial, en las ciudades industriales, las manifestaciones culturales específicas de los núcleos de población inmigrada.

Continuaremos promoviendo la recuperación de fiestas, artesanía, folklore, juegos y deportes tradicionales, así como la defensa y revaloración del rico y variado patrimonio histórico-artístico-natural.

FACILITAREMOS LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Queremos promocionar la práctica del deporte de todos los ciudadanos, desarrollar sus aptitudes deportivas. Para ello nos proponemos:

- Construir equipamientos deportivos en todos los centros escolares que se creen y adaptar los ya existentes. Promover la utilización de los mismos, fuera de las horas lectivas, por las entidades y clubs del barrio o localidad.

- Crear escuelas deportivas, al menos, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

- Dotar de espacios e instalaciones deportivas a todos los municipios, mancomunadamente si es necesario en los municipios rurales. Seguir construyendo, en los municipios medios y grandes, instalaciones de barrios para la práctica de deportes concretos, aprovechando los pequeños terrenos disponibles.
- Extender la creación de Consejos de Deportes en todos los distritos y municipios, con el fin de promover la máxima participación y capacidad de gestión por parte de los clubs y entidades de barrio o localidad.

MEJOR SANIDAD, CUIDAR LA SALUD PÚBLICA

Más vale prevenir, pero, después, más vale curar. Para mejorar la atención sanitaria es preciso:

- Que los Ayuntamientos asuman la gestión de toda la atención primaria, sanitaria y de urgencia, con la transformación de los actuales ambulatorios en centros de promoción de la salud.
Queremos que exista un Centro de Salud en todos los municipios de más de 3.000 habitantes o subcomarcas equivalentes; que sirvan de apoyo a las Unidades Sanitarias locales. Avanzando hacia la gestión por los Ayuntamientos de todos los recursos sanitarios existentes en su ámbito, incluido los hospitalarios, a partir de 1986. Para ello propondremos la transferencia de los fondos necesarios desde los presupuestos del INSALUD.

- Planificar toda la acción en materia de salud de forma unificada, con participación de entidades ciudadanas.

- Cambiar los actuales criterios presupuestarios, de forma que las inversiones supongan el 10 por 100 de los recursos de Sanidad y Servicios Sociales, priorizando la atención primaria -70 por 100 de las inversiones- sobre la hospitalaria de carácter esencialmente comarcal.

LOS JÓVENES, CON NOSOTROS

Queremos vuestra especial aportación al Ayuntamiento.
Queremos no sólo vuestra participación como ciudadanos, que se va manifestando, sino también vuestra colaboración. No queremos funcionar al margen de vosotros.

Deseamos descentralizar los medios destinados a este fin; queremos que sean distribuidos por la Administración Central entre las Comunidades Autónomas y entre los Ayuntamientos.

En los cuatro años próximos:

- Los Ayuntamientos prestarán una atención especial a la formación de animadores-monitores juveniles, no como especialistas ajenos al asociacionismo juvenil, sino surgidos del mismo y para lo cual se fomentará la creación de Escuelas Municipales al aire libre.

- Se ampliarán, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la red campamental y de albergues juveniles, de forma que existan instalaciones en todos los municipios de interés histórico, artístico, natural o turístico, recuperando el patrimonio que en su día perteneció a la OJE y empleándolo para uso juvenil: locales urbanos y rurales, albergues, zonas campamentales, etc., administrados en régimen de cogestión entre Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Consejo de Juventud correspondiente.

- Se habilitarán edificios o locales para la juventud que se complementarán con la utilización de las Instalaciones Escolares fuera de las horas lectivas, así como con las Casas de Cultura existentes en el barrio o municipio, autogestionados por las entidades juveniles usuarias del Centro.

- Todos los municipios de más de 100.000 habitantes crearán centros de Información y Asesoramiento Juvenil en materias cultural, jurídica, educativa, laboral, etc.

- Se canalizará la acción municipal juvenil en todos los Ayuntamientos medios y grandes a través de una Concejalía específica de Juventud, que coordinará todas las actuaciones del municipio en materia juvenil.

- Se empleará a jóvenes en comisiones para tratar temas que le conciernen especialmente, y se crearán puestos de trabajo para jóvenes.

- Se dedicará con criterio general una partida en torno al 2 por 100 de los Presupuestos Municipales.

- Los Ayuntamientos apoyarán con todos los medios necesarios al asociacionismo juvenil, y los Consejos de Juventud que lo coordinan, instrumentando las máximas participación y posibilidades de gestión de las entidades juveniles existentes en el municipio.

CON LA MUJER

Desde los Ayuntamientos no se pueden resolver todos los problemas que afectan específicamente a la mujer en esta sociedad. Pero con nosotros, los Ayuntamientos si propiciaran su intervención en fa vida social, mejorando en muchos aspectos concretos situaciones que en principio implican a todos los ciudadanos, pero que son vividas mayoritariamente por las mujeres, como pueden ser la creación de Escuelas Infantiles-Guarderías, de mercados públicos o la ampliación de actividades culturales infantiles en los meses de verano. Más específicamente, proponemos:

- La construcción de servicios colectivos municipales (comedores, lavanderías, etc.) fundamentalmente en los barrios populares de las grandes ciudades.

- El desarrollo de campañas específicas para atraer a las mujeres hacia la práctica del deporte y el ejercicio físico.

- La promoción de la intervención social y la organización de las mujeres, facilitando su participación en las actividades de barrio, así como en las campañas de orientación sexual, planificación familiar, etc., en los Centros de Salud.

- La creación de gabinetes de información y asesoramiento jurídico-social para la mujer.

- La sensibilización de la población ejerciendo medidas especificas en todos los ámbitos (actos culturales y deportivos, educación, promoción de la salud, fiestas, etc.) para eliminar de los mismos todos aquellos aspectos degradantes o discriminatorios para la mujer.

- La realización de campañas de alfabetización y promoción cultural de la mujer.

- Introducción de anticonceptivos en la atención sanitaria realizada a través de las Cartillas de Beneficencia.

PUEBLOS Y CIUDADES, TAMBIÉN PARA LOS MINUSVÁLIDOS

El millón y medio de minusválidos físicos y psíquicos que existen en España encuentran múltiples barreras a su integración. Desde los Ayuntamientos podemos trabajar, vamos a seguir trabajando, para conseguir su inserción social completa. Para ello:

- Se continuará desarrollando la eliminación sistemática de todo tipo de barreras físicas en transportes, vías y edificios públicos.

- Se promoverá la progresiva inclusión de los niños con minusvalías en el sistema general de enseñanza; con el necesario apoyo psicopedagógico y social interno y externo al aula.

-. Se adaptarán las señales de tráfico luminosas y auditivas para reforzar la seguridad vial en relación con los ciegos y sordos.

- Se crearán pequeños centros públicos de asistencia a deficientes profundos.

CON NUESTROS MAYORES

Los Ayuntamientos promoverán la utilización plena de todos los recursos disponibles para facilitar el bienestar social, el acceso a la cultura, al ejercicio físico adecuado y a la salud integral de los vecinos mayores que posibilite su incorporación a la vida social, terminando con la marginación existente.

Para ello vamos a seguir propiciando la creación de Hogares-Club suficientemente dotados con servicio de comedor, la asistencia domiciliaria a los más necesitados y la atención geriátrica a través de los Centros de Salud. Se atenderá especialmente a sus aficiones y necesidades específicas en el equipamiento de los jardines-parque y plazas públicas.

¡DEMOS UN IMPULSO AL CAMPO!

Proponemos la transformación, por el sector público, de 80.000 Ha/año en regadío en un plazo de diez años; el desarrollo de cultivos intensivos sociales, la repoblación forestal, la realización de un Plan de desarrollo ganadero.

Los Ayuntamientos construirán equipamientos colectivos agrarios (silos, frigoríficos, almacenes, almazaras). Fomentarán el consumo de productos autóctonos y las Denominaciones de Origen, a través de formas mancomunadas, ligadas a centros de capacitación e investigación comarcales.

Nos proponemos potenciar los mercados y ferias de ámbito comarcal, gestionadas mancomunadamente, así como la construcción de mataderos municipales. Crearemos para impulsar esta acción Concejalías Agrarias en los municipios rurales.

LOS PROBLEMAS DE LOS EMIGRANTES Y RETORNADOS

- Al potenciar la puesta en práctica de iniciativas sociales (construcción de viviendas, escuelas, etc.) facilitaremos el retorno de nuestros emigrados.

- Crearemos centros de información y acogida.

- Promoveremos el disfrute por los emigrantes de colonias de vacaciones, albergues juveniles, residencias de ancianos y demás servicios públicos comunitarios.

POTENCIAREMOS LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS AYUNTAMIENTOS

El ciudadano tiene que ser la primera entidad de la que partan todas las instituciones.

Hemos de lograr una participación viva, constante; todos los ciudadanos y grupos de ciudadanos que tengan algo que aportar, o que resolver, han de tener una fácil manera de hacerlo.

Para hacer accesible esta participación de los ciudadanos pensamos poner a su alcance y hacer eficaces:

- Boletines y periódicos municipales, oficinas de información y realización de asambleas periódicas promovidas por la Corporación.

- Locales y medios para las entidades asociativas, cuya constitución se promocionará.

- Reconocimiento del derecho a la participación ciudadana en la elaboración de los proyectos de los Ayuntamientos:

a) Creando Comisiones Mixtas Sectoriales en cada área de gestión, formadas por representantes municipales, entidades asociativas y sindicatos.

b) Mediante la participación de las entidades asociativas con representación en el ámbito del municipio, en las Comisiones Informativas de los Ayuntamientos con derecho a voz.
e) Reconociendo el derecho de propuesta a las entidades asociativas en las Comisiones, Juntas Municipales, etc.

d) Considerando las entidades asociativas como "interesadas" a los efectos de poder comparecer en el período de exposición pública en materia de imposición y ordenación de tributos, promulgación y revisión de Planes Urbanísticos, etc.

- Derecho a Referéndum Municipal, ante cuestiones de importancia, tanto promovido desde la Corporación como a petición de las entidades asociativas o un número determinado de vecinos.

- Participación de los usuarios en la gestión de los servicios municipales a través de las entidades asociativas.

- Descentralizando la gestión municipal, en base a la creación de Juntas Vecinales a las que se transfieran competencias y personal y puedan ser elegidas por sufragio universal a partir de una nueva Ley de Régimen Local.

- Reglamento de participación ciudadana en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. En los menores, se utilizarán al máximo las posibilidades de participación e información a través de Concejos Abiertos, Asambleas, etc.

UN NUEVO PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

El modelo de Estado autonómico que dibuja nuestra Constitución no tiene sentido eficaz si únicamente traslada el centralismo de Madrid a un centralismo a nivel de cada Comunidad Autónoma.

Hemos de superar el centralismo, reconocer a las CC.AA. y a los entes locales un amplio margen de actuación mediante las Cartas Municipales y los Estatutos de Autonomía.

Queremos que, una vez reconocidas las competencias de las CC.AA., éstas las asuman trasladando las máximas posibilidades de gestión a los Ayuntamientos.

Desarrollar este amplio programa exige profundizar la autonomía municipal, la capacidad de gestión de nuestros Ayuntamientos.

Para ello, proponemos la urgente elaboración de:

1) Ley de Régimen Local que consolide los Ayuntamientos como organismos básicos de la democracia, privilegiando la máxima descentralización y participación de los ciudadanos, que posibilite una profunda reforma administrativa para hacerlos más eficaces al servicio de los ciudadanos.

2) Ley de financiación de las Haciendas Locales, que incremente la participación municipal en el conjunto del gasto público, pasando del 7 por 100 actual al 16 por 100 al final del cuatrienio, realizado fundamentalmente a través del Fondo de Cooperación Municipal, cuya cuantía proponemos se duplique en 1983 y se distribuya de manera más equitativa que en la actualidad.

En este doble marco, vamos a promover la racionalización de los actuales impuestos, sobre la base de la existencia de dos grandes figuras impositivas de gestión, inspección y recaudación íntegramente municipales:

- Licencia fiscal, integrando en la misma el actual impuesto de radicación.

- Contribución urbana y rústica, integrando las actuales tasas por servicios generales (basuras, alcantarillado), que desaparecerán como tales, así como las contribuciones especiales y los impuestos de escaso o nulo rendimiento como el que grava a los animales domésticos.

Se mantendrán los actuales impuestos sobre plusvalías, circulación, publicidad y tasas de aprovechamientos especiales.

Todo ello garantizará una mayor racionalización y progresividad fiscal, en beneficio de la mayoría de los vecinos.

El Manifiesto-Programa del VI Congreso del PCE

En la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado el PCE acordó un giro de 180º en su acción política en el interior de España. Aunque antes de que acabase la década anterior ya había renunciado a la lucha guerrillera, aún mantenía la retórica de la Guerra Civil y una oposición frontal no sólo contra el régimen franquista sino también contra todos los grupos y organizaciones sociales que había cooperado para derribar la Segunda República. Sin embargo, a partir de 1956, aproximadamente, decidió dar por liquidado el conflicto político y social que había desencadenado esa contienda fratricida y, como afirma en el texto que ofrecemos, considerar que la fractura de la sociedad española ya no seguía la misma línea de trincheras de 1939 sino que ahora enfrentaba al capitalismo monopolista contra el conjunto de los españoles, entre los que se encontraban juntos vencedores y vencidos. Nació así la llamada política de reconciliación nacional, que ha sido alabada y vituperada hasta el agotamiento. Reproducimos aquí el Manifiesto que fue aprobado en el VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en enero de 1960, que servía de introducción al nuevo Programa comunista, que incluía la política de reconciliación nacional, dando a conocer las razones que llevaron a la dirigencia comunista a impulsar este viraje político tan inesperado.

Manifiesto-Programa aprobado en el VI Congreso del PCE (Archivo La Alcarria Obrera)

 

PROGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

El Programa del Partido Comunista de España define las aspiraciones inmediatas y los objetivos finales del Partido; presenta las soluciones de los comunistas a los problemas políticos y sociales, económicos y culturales del país.

Este Programa no es un conjunto de buenas intenciones sin base real, ni persigue simples fines de propaganda; es el fruto del estudio marxista-leninista de la realidad española y de las circunstancias internacionales que influyen en ella. El marxismo permite descubrir los procesos objetivos que tienen lugar en esa realidad social y fijar los fines del Partido en consonancia con esos procesos, es decir, sobre una base científica.

I

En los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en un país de nivel capitalista medio, pero con fuertes supervivencias feudales en su economía y en su superestructura. El capital extranjero detentaba posiciones clave en la economía española, que colocaban a ésta en una situación dependiente. Ambos factores combinados constituían un gran obstáculo para el progreso del país, ya que se traducían en el estancamiento de la agricultura y de otros importantes sectores de la economía, en el bajo nivel de vida de la mayoría de la población y, por tanto, en la estrechez del mercado interior, En esas condiciones era vano todo intento de industrialización.

A la revolución democrático-burguesa que en 1931 derribó la Monarquía correspondía históricamente eliminar esos obstáculos y despejar el camino para el desarrollo capitalista de España dentro del marco político de una República parlamentaria. Pero contra esta perspectiva se confabularon la aristocracia terrateniente, el capital financiero español, que había alcanzado ya relativa importancia, y el capital monopolista extranjero.

La debilidad de los gobernantes republicanos pequeño-burgueses y la política oportunista del Partido Socialista, a remolque de la burguesía liberal -política que impedía a la clase obrera desempeñar el papel dirigente en la revolución democrática, a lo que contribuía también la actitud del anarcosindicalismo- facilitaron la conspiración contra la República, que desembocó en el levantamiento fascista de julio de 1936 apoyado en la intervención armada de las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, y propiciado por la intervención indirecta de los Gobiernos imperialistas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Pese a esta coalición de la contrarrevolución interior y del imperialismo internacional, el pueblo español no se resignó a capitular y empuñó las armas en defensa de la democracia y de la independencia nacional. La duración y el heroísmo de la lucha armada del pueblo, en condiciones sumamente adversas, reflejaron hasta qué punto había madurado en las masas populares la conciencia de la necesidad histórica de liquidar las supervivencias feudales y la dependencia del imperialismo extranjero, la necesidad de un desarrollo democrático e independiente de España. La derrota de la República cerró transitoriamente ese camino, pero no representó la simple vuelta al precedente tipo de desarrollo capitalista.

En el capitalismo español de antes de la guerra civil el capital monopolista tropezaba con grandes obstáculos para su expansión. El mercado interior era muy reducido, por las razones antes expuestas -derivadas, en lo esencial, del compromiso entre el capital financiero y la aristocracia terrateniente- ; por otra parte, el capital monopolista no disponía de más colonias que el pequeño protectorado marroquí y posesiones africanas de difícil explotación. El peso específico de la agricultura, de la industria ligera, en general de tipo medio y pequeño, y de la libre concurrencia, eran muy considerables. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una renta nacional muy baja y un ritmo de acumulación capitalista sumamente lento.

Para el capital monopolista era indispensable forzar ese ritmo, acelerar el proceso de concentración y centralización del capital; y, en aquellas condiciones de España, esto sólo podía lograrlo mediante la intervención drástica del poder público recurriendo al capitalismo monopolista de Estado. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer intento en esa dirección, pero la revolución de 1931 vino a interrumpirlo. La derrota de la República en 1939, permitió reanudarlo en escala mucho mayor.

El sistema llamado capitalismo monopolista de Estado significa la utilización a fondo del aparato estatal por los monopolios para intervenir la totalidad de la vida económica y política y asegurar a todo trance los altos beneficios del capital monopolista. Para conseguir esos fines no vacila en recurrir a medios ilegales, a la corrupción y la violencia, al terror y la guerra. En España, la instauración de la dictadura fascista y el estado de agotamiento en que quedaron las fuerzas obreras y democráticas, desangradas y desorganizadas por la derrota militar y la salvaje represión que la siguió, despejaron el camino a la oligarquía financiera permitiéndole aplicar ese sistema en sus formas más perjudiciales para las masas trabajadoras y las capas medias. Los principales procedimientos empleados en España por el capital monopolista, valiéndose del Estado fascista, han sido los siguientes:

En primer lugar, extremar la explotación de la clase obrera con las formas más reaccionarias e inhumanas; reducir su salario real al más bajo nivel de Europa; introducir diversos métodos, en particular complicadas formas de pago, para obligar al obrero a intensificar su esfuerzo físico y a producir más con un utillaje anticuado; prolongar la jornada de trabajo hasta diez, doce y más horas en los períodos de coyuntura económica favorable; dejar reducidos a los obreros a un salario base de hambre mediante la supresión de las horas extraordinarias, las primas y otras bonificaciones en los períodos de crisis, o lanzarlos al paro y a la miseria.

En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el envilecimiento de los precios agrícolas pagados al productor, la intervención en la comercialización de los productos del campo, tanto en el mercado interior como en el exterior, el crédito usurario, las múltiples cargas fiscales, los arriendos leoninos, etc. Y mientras se aceleraba, por éstos y otros medios, el proceso de expropiación de las masas campesinas y de concentración de la propiedad agraria, forzando el desarrollo capitalista en el campo por el camino más penoso para los campesinos, se protegía a los latifundistas absentistas, que iban transformándose cada vez más en financieros y monopolistas, sin dejar de ser aristócratas y terratenientes. A través de este proceso, la tela de araña del capital financiero se extendió a la totalidad del agro, sometiendo a su explotación no sólo a los campesinos pobres y medios, sino también a los ricos.

En tercer lugar, estrujar a las pequeñas y medias empresas industriales y comerciales recurriendo a la intervención de los precios, la distribución de las materias primas, el control del comercio exterior y del crédito, el aumento de los impuestos y otros procedimientos que, al mismo tiempo que permitían a la oligarquía financiera apropiarse una parte de los beneficios de esas empresas, forzaba la concentración monopolista en la industria y en el comercio. Víctimas de esos procedimientos, innumerables empresas pequeñas y medias han sido liquidadas y otras se han transformado en simples apéndices de los monopolios.

En cuarto lugar, condenar a un bajísimo nivel de vida a la gran masa de los funcionarios y empleados, maestros, médicos, profesionales de todo tipo e inclusive a parte considerable de los miembros de la Magistratura, de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Finalmente, como uno de los métodos más importantes, que ha acompañado inseparablemente a los anteriores, la inflación, con sus efectos de carestía crónica, de desvalorización continua de los ingresos de los obreros y campesinos y de los beneficios de la burguesía no monopolista. Cuando la evolución económica, nacional e internacional, ha hecho imposible continuar recurriendo a la inflación sistemática y en gran escala, la devaluación y la “austeridad”, se han encargado de perseguir, con otros medios, idénticos fines.

Así acumuló el capital monopolista los recursos que habría de invertir en sus empresas o en las empresas estatales que controlaba directa o indirectamente; así financió el mercado estatal -en el que los pedidos bélicos ocupan lugar preferente- encargado de garantizar a las empresas de la oligarquía la colocación ventajosa de una parte de su producción. Así se han realizado a través de los procedimientos sumariamente enumerados, cambios radicales en la distribución de la riqueza y de la renta nacional, pero no a favor de los más débiles, como prometió el franquismo, sino de los más fuertes, de la oligarquía financiera.

Ese desarrollo forzado del capitalismo monopolista, utilizando a fondo la palanca estatal, es lo que Franco y los panegiristas de la dictadura presentan como “revolución nacional” y “justicia social”, como “industrialización” de España y “dirección y planificación de la economía”, como plasmación de otros ideales no menos sonoros.

Pero la realidad es que España no ha dado ningún paso importante para liquidar su retraso crónico. Hoy, como hace veinte años, la mayor parte del equipo industrial tiene que seguir importándose del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de las cosechas. España no sólo ha quedado muy rezagada respecto a los países que han pasado al socialismo -la mayoría de los cuales estaban menos desarrollados cuando iniciaron su transformación-, no sólo se ha hecho mayor su atraso en relación con los países capitalistas más avanzados, sino que incluso países recién salidos del yugo colonial progresan a un ritmo mayor que el de España.

La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se propuso en ningún momento sacar a España de su atraso secular. Su móvil ha sido siempre asegurar a los monopolios la obtención de los máximos beneficios explotando a la clase obrera, expoliando a los campesinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar el potencial militar del país; según los planes estratégicos del Pentágono, con el designio de preparar la guerra contra los países socialistas. A eso y sólo a eso se han reducido sus móviles. El relativo desarrollo industrial que haya podido lograrse en algunos casos es una consecuencia y no un fin. La retórica acerca de la “industrialización” no tenía otra finalidad que revestir con colores patrióticos los más sórdidos intereses.

Los cambios operados en 1959 en la política económica de la dictadura equivalen al reconocimiento oficial del fracaso de la línea de “industrialización”, a la confesión de que por ese camino el país iba a la catástrofe económica. Sin embargo, la verdadera industrialización de España es mas necesaria y urgente que nunca pero no podrá llevarse a cabo mientras sea el capital monopolista quien dicte despóticamente su ley en la economía y en la política españolas.

En otros países, merced al más temprano y rápido desarrollo capitalista -determinado por el triunfo de las revoluciones burguesas- y a la colonización de otros pueblos, el capitalismo monopolista encontró amplía base para su expansión, y, durante cierto período, una parte considerable de la sociedad en las metrópolis, incluyendo algunos sectores de la, clase obrera se benefició con las migajas de fa explotación colonial.

En España, el capital monopolista tropezó con las desfavorables condiciones antes indicadas. Cuando, por fin, después de haber encontrado en la dictadura franquista el instrumento que necesitaba intentó apartar, a su manera, los obstáculos que impedían su expansión, halló un mundo muy distinto al que había soñado en 1936, al emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria de la coalición hitleriana, con la que esperaba abrirse camino a la expansión colonial en África y en América del Sur, se encontró con el derrumbamiento del sistema colonial del imperialismo; en vez de un sistema capitalista que, destruida la Unión Soviética, dominara de nuevo sin restricción sobre el orbe, se vio en un mundo capitalista debilitado, constreñido, en el que la encarnizada competencia intermonopolista hacía más ilusorias que nunca las esperanzas expansionistas del enclenque imperialismo español. Y ante éste no quedó otra salida que la que ha seguido: hacer de España misma su colonia, realizar a costa de las generaciones españolas que viven en el mundo del siglo XX, ya mediado, una acumulación capitalista que recuerda por su brutalidad e inhumanidad algunos rasgos de la “acumulación primitiva” realizada por el capital en otros países, siglos atrás, a costa de los campesinos y de los pueblos coloniales.

Así es como el capital monopolista pudo, durante algún tiempo, no sólo acumular e invertir capital en los sectores susceptibles de rendirle mayor beneficio, sino desarrollar cierto mercado en la esfera de los bienes de producción, valiéndose de los recursos del Estado y de que la gran producción industrial capitalista crea ella misma, hasta cierto límite, su propio mercado.

Otros factores contribuyeron también, transitoriamente, a ampliar el mercado, incluso el de artículos de consumo: las destrucciones causadas por la guerra civil, las necesidades congeladas por ésta y por la guerra mundial; la incorporación a la industria, como asalariados, de una masa importante de obreros agrícolas y campesinos pobres que antes se abastecían principalmente de su economía natural; y el crecimiento demográfico.

Pero los efectos de estos factores ampliativos del mercado se vieron contrarrestados poco a poco y, finalmente, rebasados por las consecuencias que para el nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias tenían los métodos de acumulación empleados; por la persistencia del estancamiento agrícola, derivado de las supervivencias feudales no liquidadas y por la acentuación de la dependencia del capital monopolista extranjero, principalmente del norteamericano.

De esa manera, el crecimiento de la capacidad productiva en una serie de ramas, aunque insuficiente para industrializar el país, fue, sin embargo, lo bastante grande para chocar de nuevo, como en las décadas anteriores a la guerra civil, si bien en grado mucho mayor, con la estrechez del mercado interior y la falta de mercados exteriores.

Por tanto, la causa inmediata de la grave crisis, que en 1959 se hizo del todo evidente, no es que en España.se consumiera demasiado, como decían las explicaciones oficiales, sino que se consumía demasiado poco, aunque esta realidad apareciera invertida, mistificada, por los efectos de la inflación. Y las motivaciones profundas residen en la naturaleza misma del sistema económico-social, cuyo rasgo más característico, como se deduce del análisis precedente, es que sobre la frágil base de una economía atrasada, con grandes supervivencias feudales, como sigue siendo la economía española, se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estructura monopolista.

Además de los efectos económico-sociales directos enumerados, ese sistema, sobre todo en las condiciones de la dictadura franquista, ha llevado a la creación de un enorme aparato burocrático, para regimentar y controlar la vida económica y política del país, así como al mantenimiento de una gran máquina militar y represiva. La enorme carga financiera que todo ello representa, incrementada por las obligaciones militares contraídas en los pactos con Estados Unidos, contribuye en medida considerable a obstruir toda vía de progreso económico.

Por otro lado, desde el momento en que para triunfar sobre el competidor hace falta contar con gran influencia sobre los órganos del Poder, el sistema del capitalismo monopolista de Estado significa el imperio de la corrupción en todas sus manifestaciones: el soborno de los ministros y de otros funcionarios, la contabilidad falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convierten en norma de la vida económica. Los escándalos que han jalonado la existencia del franquismo no son otra cosa que el pálido reflejo de esa situación, anclada en la naturaleza misma del sistema. Además de la descomposición moral que ello irradia a toda la vida nacional, entraña el despilfarro de grandes recursos y es un freno considerable para el progreso técnico, puesto que los beneficios de las empresas dependen más de su capacidad de maniobra en el engranaje de la corrupción imperante, que de la renovación del equipo técnico o de la mejor organización del trabajo.

A los factores expuestos, suficientes por sí solos para cerrar el camino a la industrialización de España, se agrega la imposibilidad de toda verdadera dirección y planificación de la economía. Dirección y planificación implican subordinación de los intereses privados al interés nacional, mientras que la intervención del Estado franquista supone sacrificar a los monopolios los intereses nacionales y sus principales representantes, los trabajadores, creadores directos de todas las riquezas.

Ni siquiera al precio de este sacrificio es posible la planificación de la economía porque el capitalismo monopolista de Estado, si bien liquida, en lo fundamental, la libre concurrencia, no pone fin a la concurrencia en general, sino que, por el contrario, la hace más enconada. Entre los monopolios y las empresas no monopolistas, y entre los mismos grupos y empresas monopolistas se libra una encarnizada lucha por el control del mercado, de las materias primas, de los resortes estatales. En cada momento, según quien domina en esa contienda, la “dirección” y la “planificación” tienen lugar en su beneficio. La consecuencia, en este sentido, es hacer aún más caótica la anarquía típica del capitalismo, cuya raíz está en la propiedad privada de los medios de producción. Ese conjunto de factores, al actuar en el marco de la débil economía española, ha originado las agudas deformaciones y desequilibrios, las crisis de superproducción y las convulsiones financieras, las crisis agrarias y comerciales que han ido produciéndose a lo largo del período franquista.

Pero, al forzar el proceso de concentración y centralización de la producción y del capital, al someter a la intervención y control del Estado toda la vida económica del país, el capital monopolista ha acentuado considerablemente el carácter social de la producción. El proceso productivo y distributivo aparece cada día más estrechamente unificado y controlado por el capital financiero. Y todo nuevo intento, por uno u otro medio, dirigido a acelerar el proceso de centralización y concentración -el “plan de estabilización” es uno de ellos- reforzará ese carácter social de la producción que, objetivamente, exige planificación y dirección, y por tanto entra en conflicto cada vez más agudo con el carácter privado, capitalista, de la apropiación, generador de la anarquía que imposibilita dicha planificación.

De este modo, la dictadura fascista de la oligarquía financiera que, según los ideólogos franquistas, iba a superar las contradicciones del capitalismo y a liquidar la lucha de clases, ha llevado en realidad a una profundización, sin precedentes en España, de la contradicción principal del capitalismo puesta al descubierto por el marxismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Ello ha tenido como consecuencia la exacerbación de los conflictos y contrastes que se derivan de esa contradicción principal: la concentración de la riqueza en un polo y de la miseria en, otro; el conflicto entre la ampliación de la capacidad productiva del país y la insuficiencia del mercado, limitado por la baja capacidad adquisitiva de las masas, las crisis económicas, etc.

Aunque las fuerzas productivas en España estén menos desarrolladas que en otros países capitalistas, chocan más radicalmente con las supervivencias feudales y el atraso general de la economía española, lo que hace más virulentos las contradicciones y conflictos engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando la necesidad objetiva de que los instrumentos básicos de producción, hoy en manos de los monopolios, pasen a ser propiedad de todo el pueblo; es decir, la necesidad objetiva de la transformación socialista de la sociedad española.

Ese conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual, la contradicción que se sitúa en el primer plano de la realidad económico-social, como se deduce de todo el precedente análisis, es la que opone los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente, monopolista, a los intereses económicos de las clases y capas sociales explotadas y expoliadas por aquélla, desde el proletariado a la burguesía no monopolista. Esta contradicción ha llegado a un punto crítico en el momento en que ve la luz el presente Programa y exige medidas que permitan superar, sin sacrificar al pueblo, la crisis actual, que no es sólo una crisis cíclica de superproducción, sino una crisis de estructura.

Si, como hemos visto, la ampliación -dentro de su persistente atraso- del potencial productivo ha chocado con la insuficiencia del mercado, la solución no puede ser, como pretende la oligarquía monopolista, destruir parte del aparato productivo, para que la parte restante, perfeccionándose, sea colocada en condiciones de competir en el mercado interior y exterior con los monopolios extranjeros. Semejante “solución” entraña para los trabajadores el paro y salarios de hambre, y para multitud de pequeños y medios industriales, comerciantes, artesanos y campesinos, la ruina y la proletarización. Pero, además, dado el atraso técnico de la producción española y la dominación de los grandes trusts internacionales en el mercado exterior, es ilusorio pensar que la generalidad de las empresas españolas supervivientes del “saneamiento” podrían conquistar “un puesto bajo el sol” de alguna importancia; en el mejor de los casos, su destino sería convertirse en apéndice de los trusts internacionales que ampliarían considerablemente su penetración en la economía española. En definitiva, incluso el insuficiente desarrollo industrial de los años pasados sería frenado y sustituido por una tendencia a la agrarización y a acentuar la colonización de España en beneficio del capitalismo monopolista internacional.

Frente a esa orientación de la oligarquía financiera, la única solución que corresponde a los intereses nacionales, coincidentes con los intereses de los trabajadores y de la burguesía no monopolista, es la ampliación del mercado interior y el acceso a nuevos mercados exteriores no dominados por los monopolios. Para conseguirlo es preciso la elevación del poder adquisitivo de los obreros y de las capas medias, el desarrollo de la agricultura y una industrialización inspirada en las necesidades reales del país.

Esto, a su vez, no puede lograrse sin la liquidación de las supervivencias feudales, la limitación del poder de los monopolios y una política de coexistencia pacífica y de relaciones económicas y culturales con los países socialistas.

II

El obstáculo esencial para que esas necesidades objetivas de la sociedad española se abran paso, para que puedan realizarse las medidas y reformas que exige la crisis del actual sistema económico-social, es el poder político de la oligarquía financiera, el Estado fascista del general Franco.

Pero al mismo tiempo que ha creado las condiciones materiales, económicas, qué exigen su desaparición, la dictadura fascista del capital monopolista ha desarrollado también las fuerzas sociales llamadas a realizar esa necesidad histórica.

Para asegurar la dominación absoluta de la oligarquía financiera, la dictadura fascista de Franco tuvo que recurrir desde, el primer momento al terror más bárbaro que recuerda la historia de España; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, incluidas las libertades autonómicas, y no sólo poner fuera de la ley a los sindicatos y partidos obreros y democráticos, sino incluso suprimir la existencia independiente de los partidos políticos que de manera más peculiar representaban a los grupos conservadores tradicionales.

La retórica falangista sobre la “democracia orgánica basada en las instituciones naturales” puesta en circulación, sobre todo, después que el hundimiento de las principales potencias fascistas aconsejó dejar de llamar a las cosas por su nombre, la escenificación teatral de las Cortes y de otros institutos del régimen, son la simple envoltura demagógica de la fría regimentación de toda la sociedad en el encasillado de la organización corporativa, bajo el mando arbitrario y despótico de los jerarcas, designados desde arriba y franqueados por la máquina policiaca de la dictadura.

Este régimen policíaco y terrorista ha ido acompañado en lo cultural por el imperio del oscurantismo, la vuelta a la milagrería medieval, la supeditación de la ciencia a los dogmas teológicos, la degeneración de todo el sistema de enseñanza, desde la escuela a la universidad, la decadencia de la investigación científica y el atraso técnico, el exilio forzoso o voluntario de muchos de los mejores valores de la Ciencia y la Cultura nacionales.

La misma debilidad interior que obligó a erigir el terror policíaco en norma de gobierno, obligó también al régimen franquista a convertir el vasallaje respecto a la potencia imperialista dominante en norma de su política exterior; primero fue Alemania,
luego Estados Unidos. Y así la retórica imperial se tradujo en la subordinación servil a la potencia que en 1898 hizo la guerra a España para apropiarse los últimos restos del viejo imperio español. Además de remachar la dependencia con respecto al capital monopolista internacional -dependencia que se profundizaría si llegara a consumarse la integración en las uniones monopolistas de la Europa Occidental- esa política exterior, ha transformado España en una base atómica del Estado Mayor norteamericano, con evidente menoscabo de la soberanía nacional y grave riesgo para la seguridad del país.

Pero esa política de terror, de opresión, dé oscurantismo, de claudicación nacional, acompañada siempre de la más cínica demagogia, si bien ha permitido a la dictadura de Franco prolongar su dominación, ha engendrado y acumulado contra ella un enorme potencial revolucionario.

El pueblo español no podía resignarse y no se ha resignado jamás a la esclavitud fascista. El pueblo que dio al mundo los ejemplos de la Guerra de Independencia y de la revolución liberal de comienzos del siglo XIX; que a lo largo de éste tomó varias veces las armas en las guerras civiles y en las barricadas en defensa de la libertad; que en 1873 proclamó la primera República, en 1917 intentó de nuevo derribar la Monarquía y en 1931 lo logró, instaurando la segunda República; que durante cinco años luchó por afianzar el régimen democrático frente a la contrarrevolución fascista y en 1936 no vaciló en recurrir a las armas para defender la República y la independencia nacional, escribiendo durante tres años, las páginas más gloriosas de la historia contemporánea de España, este pueblo no podía avenirse a vivir bajo la dictadura fascista.

Desangrado por cien heridas -un millón de muertos en la guerra Civil, medio millón de exiliados, decenas de miles de presos, fusilados, torturados, asesinados- el pueblo español sufrió años de agotamiento y postración pero poco a poco fue recuperando sus fuerzas y la confianza en ellas. Las luchas guerrilleras de los primeros años, prolongación de la guerra civil y expresión española de la guerra mundial antifascista; los movimientos de masas que se iniciaron después; la hábil utilización de las posibilidades y organizaciones legales, combinada con la acción clandestina; las huelgas económicas y las jornadas nacionales de protesta, las huelgas políticas, han ido jalonando el despertar combativo del pueblo español, de nuevo en pie, en marcha hacia la libertad.

Al mismo tiempo, los cambios históricos operados en la situación internacional; la correlación de fuerzas cada día más favorable al campo del socialismo, a los pueblos que se liberan del yugo colonial y a los defensores de la paz y la democracia en el mundo entero, representan una ayuda creciente a la lucha del pueblo español contra la dictadura fascista.

Durante un período, el franquismo contó con cierto apoyo o con la neutralidad de sectores de las clases medias, urbanas y rurales, que se dejaron seducir por las promesas y atemorizar por la aparente fortaleza de la dictadura. Pero poco a poco dichos sectores fueron comprobando que el franquismo hacía la política más conveniente para los intereses del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente. Al mismo tiempo fueron percatándose de que la dictadura no era tan fuerte como parecía. La naturaleza de clase del régimen franquista y su debilidad interna se fueron haciendo más evidentes.

El proceso más arriba descrito, de expansión del capital monopolista a costa de la reforzada explotación de la clase obrera y de la expoliación de las capas medias, campesinas y urbanas; a costa también de los intereses de la burguesía no monopolista, tuvo repercusiones cada vez más netas en la conciencia de las clases y sectores sociales lesionados, traduciéndose en hostilidad política contra la dictadura. Los métodos despóticos, arbitrarios y terroristas de ésta chocaban cada vez más con la repulsa de la gran mayoría de la población y, al mismo tiempo, se mellaban, no sólo porque el pueblo perdía el miedo, sino porque el ambiente general antifranquista contagiaba a los mismos órganos represivos del Estado.

La inmensa mayoría de los que habían combatido junto a Franco no por eso resultaban menos perjudicados por los monopolios y aprendían en la realidad cotidiana que los que habían ganado la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalistas y la aristocracia terrateniente. Fueron restañándose las heridas y relegándose al olvido los odios abiertos por la guerra civil entre sectores del pueblo, debido a que una parte de éste, engañada o forzada, sirvió de instrumento al franquismo para la lucha contra la otra parte.

Lo esencial, para cada uno, pasó a ser su posición social frente a los monopolios, y no el bando en que combatiera durante la guerra civil. A este proceso contribuyó poderosamente el papel creciente desempeñado en la sociedad por las jóvenes generaciones no participantes en la guerra, que han llegado a constituir la parte más activa, política y socialmente, del pueblo. Para estas generaciones es más fácil ver la guerra civil como un hecho histórico y percibir que hoy la divisoria de la sociedad española no pasa por las trincheras de la guerra, sino entre la oligarquía monopolista y el resto de la población.

A medida que se hacía más pesado el yugo de la oligarquía monopolista en el terreno económico-social, a las distintas clases y grupos sociales les resultaba más insoportable la opresión política, la privación de libertades, y más apremiante la necesidad de disponer de organizaciones políticas y profesionales propias para defender sus intereses.

El sentimiento nacional y la aspiración de recobrar las libertades autonómicas perdidas fue renaciendo en Cataluña, Euzkadi y Galicia frente a la opresión del ultracentralista y burocrático Estado franquista.

En el curso de todo ese proceso iba cristalizando en la conciencia de muchos españoles, como reacción frente a siglo y medio de incesantes guerras civiles, la imperiosa necesidad nacional de instaurar un régimen de convivencia cívica que abriese cauce, sin nuevos baños de sangre, al renacimiento de España.

En resumen, antes hemos visto cómo en la base económica de la sociedad española la dominación del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente ha entrado en profunda contradicción con las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora vemos cómo esa contradicción ha ido reflejándose, en distintas formas, en la conciencia de vastos sectores, y repercutiendo en el terreno político. Así se ha situado en el primer plano, no sólo de la economía, sino de la conciencia de las masas y de la lucha política, la contradicción que divide a la España de hoy en dos campos opuestos:

A un lado, la oligarquía financiera, monopolista, que incluye a la aristocracia terrateniente absentista, con su instrumento de Poder, la dictadura fascista del general Franco.

Al otro, la inmensa mayoría de los españoles: obreros, industriales y agrícolas; campesinos medios, pobres y ricos; burgueses pequeños y medíos de la Industria y del comercio; intelectuales, funcionarios, etc.

Subsisten en éste segundo campo las contradicciones, antagónicas por su esencia de clase, entre proletariado y burguesía no monopolista, entre obreros agrícolas y campesinos ricos, pero los intereses comunes engendrados por la opresión del capital monopolista se adelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la necesidad de un compromiso político para la lucha común contra la dictadura del general Franco que abra el camino a un régimen democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se inicie la recuperación económica y cultural de España.

Las mismas contradicciones básicas que han hecho nacer y desarrollarse las tendencias a la reconciliación nacional de signo democrático, han determinado la descomposición de las fuerzas sociales y políticas de la dictadura. Son dos aspectos de un mismo proceso.

Falange murió como partido de masas -sin haberlas tenido nunca en abundancia- y quedó reducida a un esqueleto burocrático, carcomido por luchas de capillas y personas. Los intentos de vitalizar el “movimiento” han fracasado sin remisión. La sorda lucha entre el Opus, los restos del naufragio falangista, la fracción monárquica franquista, los ultras católicos y el carlismo, tal es la desgarrada realidad de ese “movimiento” que Franco trata, vanamente, de recomponer. Esta descomposición política de la dictadura tiene manifestaciones cada día más profundas en las instituciones que han sido su soporte esencial: la Iglesia, el Ejército y los órganos de represión.

Para defenderse, la dictadura, auxiliada en esta tarea por los servicios propagandísticos, diplomáticos y secretos de las potencias imperialistas que la protegen, concentra sus esfuerzos en impedir por todos los medios que cristalicen y adquieran expresión política concreta las tendencias objetivas de reconciliación nacional, anti-franquista y democrática. Y el recurso principal de que se vale es fomentar el anticomunismo en las filas de los partidos y organizaciones de la oposición, agitar el falso dilema de: “Franco o comunismo”.

La política de reconciliación nacional del Partido Comunista se apoya en las indicadas tendencias objetivas que impulsan el entendimiento de todas las fuerzas de oposición y determinan la creciente descomposición del franquismo. La finalidad esencial de esta política es facilitar la unidad y la acción común del máximo posible de fuerzas contra la dictadura; aprovechar todas las disensiones y fisuras que se manifiestan entre los elementos franquistas. Con esta táctica el Partido Comunista trata de lograr la liquidación de la dictadura y el tránsito a la democracia de la manera más pacífica posible, con el menor quebranto para el pueblo.

En el conjunto de fuerzas sociales que luchan por la democracia la principal es la clase obrera, a la que el mismo proceso de concentración del capital fortalece numéricamente y ayuda a organizarse, concentrándola en grandes empresas, mientras que las clases y grupos sociales intermedios entre ella y la oligarquía monopolista, sufren un constante proceso de disgregación, La clase obrera es, además, la más consecuente en la lucha por la democracia, porque tanto para defender sus intereses inmediatos de clase, como para cumplir su misión histórica -la transformación socialista de la sociedad- le conviene el desarrollo ininterrumpido de la democracia hasta que maduren las condiciones para el paso de la democracia burguesa a la democracia socialista. En cambio, las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas interesadas en la democracia son esencialmente vacilantes cuando se trata de instaurarla y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia histórica y, en particular, la experiencia de la segunda República española. Por otra parte, coincidiendo sus intereses como clase con las tendencias objetivas del desarrollo histórico, la clase obrera es la única que puede dar a su lucha un fundamento científico, la única capaz de utilizar plenamente las posibilidades de previsión que proporciona la ciencia marxista-leninista.

Por las razones expuestas, la clase obrera es la fuerza más cohesionada, más organizada, más revolucionaria, en mejores condiciones objetivas para dirigir la lucha de todo el pueblo por la transformación democrática de España. De ahí se deriva el papel de vanguardia que corresponde al Partido Comunista, como partido de la clase obrera, papel que la práctica de la lucha social y política en la España actual ratifica a cada paso.

Por su número y por el peso específico de la agricultura en la economía española, los campesinos constituyen, después de la clase obrera, la fuerza social más importante de la revolución. La explotación de que son objeto por parte de los terratenientes y del capital monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados más próximos de la clase obrera. Sin ellos no es posible la victoria de la democracia hoy, ni del socialismo mañana.

Tienen asimismo gran importancia como aliados de la clase obrera las capas medias urbanas que sufren también la opresión de la oligarquía financiera y, en particular, la intelectualidad que, en la medida en que es consciente de su misión al lado del pueblo, está llamada a desempeñar un papel ideológico y político de primer orden.

Por eso en el Partido Comunista se agrupan no sólo las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, sino también de la intelectualidad, de los campesinos y de las capas medias. Y en el Programa del Partido Comunista no se incluyen solamente las reivindicaciones obreras, sino además las reivindicaciones específicas de esas clases y grupos sociales en los que la clase obrera ve sus aliados naturales.